La empresa andaluza INDICA SUR S.L., pionera en España en el cultivo y procesado de variedades legales de cáñamo medicinal, exige al Gobierno una intervención urgente tras cinco años de inacción burocrática por parte del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Este bloqueo mantiene paralizada una inversión estratégica de 20 millones de euros destinada a la producción de Cannabis Sativa Linneo en la cuenca del Guadalquivir.
Este bloqueo se produce en el contexto de un Estado que, por un lado, ha aprobado en el Consejo de Ministros (el pasado 7 de octubre) el Real Decreto que regula el uso medicinal del cannabis, y por otro, devuelve a Europa más de 11.000 millones de euros de fondos Next Generation EU por falta de ejecución de proyectos.
“La contradicción es insostenible: el Gobierno reconoce el valor terapéutico del cannabis, pero su brazo financiero ignora a quienes queremos crear una infraestructura productiva y soberana en España. Esta inacción solo favorece, de facto, a estructuras de poder preestablecidas y redes clientelares. No se puede permitir que el Estado devuelva miles de millones a Bruselas por ineficiencia mientras asfixia a proyectos con capacidad probada de generar riqueza, innovación y más de 200 empleos rurales estables en Andalucía”, declara su promotor, José Antonio de la Huerta Velázquez.
De la Huerta añade: “¿Hasta cuándo tendrán los pacientes que acudir a estructuras ilegales o alegales, consumiendo productos perjudiciales o recurriendo a fórmulas magistrales ineficaces? La falta de apoyo estatal a estructuras legales y reguladas está negando un producto estandarizado y de calidad farmacéutica que ya es un derecho para los ciudadanos.”
El expediente de INDICASUR ha sido sistemáticamente desatendido con respuestas estandarizadas y dilatorias, a pesar de 26 comunicaciones documentadas con el ICO en cinco años, lo que supone un perjuicio económico mínimo de 8,6 millones de euros. La denuncia ha escalado al Defensor del Pueblo, al Presidente del Gobierno, y se ha elevado a instituciones europeas, por posible vulneración del Reglamento (UE) 651/2014 y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Asimismo, se han citado infracciones de la Constitución Española, la Carta Europea, las resoluciones de Naciones Unidas y la propia Agenda 2030.
INDICASUR exige una acción coherente con la Ley:
• Coherencia Institucional: Que el ICO, en su mandato como único banco estatal de segundo piso con financiación directa, refleje la voluntad del Consejo de Ministros y trate al cannabis medicinal como el sector estratégico de alto valor añadido que es para el medioambiente, la sociedad y la economía.
• Desbloqueo Inmediato: Apertura de expedientes de financiación y evaluación de las solicitudes de proyectos estratégicos, con la emisión de respuestas fehacientes y debidamente motivadas.
• Responsabilidad Económica: El reconocimiento y compensación por el perjuicio directo causado por la inactividad administrativa (Ley 40/2015).
“España tiene la oportunidad de liderar la bioeconomía verde y la soberanía terapéutica en Europa. El Gobierno debe dejar de ser un obstáculo burocrático para sus propios objetivos y para el desarrollo del campo, la industria y la farmacopea española”, concluye De la Huerta.
