Venezuela desde hace aproximadamente 10 años se ha hecho notar en el mundo por las constantes violaciones de derechos humanos, llegando a tener cárceles llenas de personas quienes disienten del gobierno, ante esta situación la Corte Penal Internacional (CPI) decide iniciar un examen preliminar de la situación.
Es por ello que es enviado el fiscal de la CPI quien ha concluido que en ese país suramericano se han cometido delitos de lesa humanidad y por ello debe abrirse una investigación que permita conocer la verdad todo acorde con el Estatuto de Roma aunque aclaro que no se ha identificado a ningún sospechoso.
Corte Penal Internacional: responsable del orden y condena
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La Fiscalía ordena abrir una investigación.
En el año 2018 la Fiscalía de la CPI inició un proceso de investigación por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad, que según se cometieron entre abril del año 2017 durante las manifestaciones opositoras que pedían la salida de Nicolás Maduro de la presidencia y las renovaciones de los poderes públicos.
Según un informe presentado en diciembre de 2020, el tribunal internacional hizo público que en Venezuela las fuerzas de seguridad del estado habrían cometido tortura, violencia sexual y encarcelamiento por motivos políticos en violación de las normas fundamentales del derecho internacional.
Entre los cuerpos de seguridad que responsabiliza la CPI de cometer esos delitos se encuentran la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), organismo encargado de investigar a militares activos y retirados, tambien está la Policía Nacional Bolivariana (PNB) órgano represivo del gobierno.
Por su parte, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) realiza labores de espionaje al sector civil y en su sede principal un detenido fue arrojado desde un quinto piso en tanto la policía militarizada Guardia Nacional Bolivariana, se ha caracterizado por la brutalidad con que ataca a los manifestantes.
Hasta la fecha, han muerto en custodia de los organismos de seguridad venezolanos aproximadamente 20 personas, siendo el caso más emblemático el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien murió según la autopsia realizada por politraumatismos, así como por el desprendimiento de órganos.
Al parecer el gobierno de maduro le negó la asistencia médica y aunque sus familiares apelaron a la fiscalía venezolana, esta como órgano ejecutor del régimen hizo caso omiso a la solicitud de ayuda, por lo que el detenido murió en su celda y fue enterrado directamente por la DGCIM
Maduro aseguro que no comparte la decisión de la CPI
Nicolás Maduro informó que respetan la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, de buscar la verdad pero que no la comparte, ya que durante la fase de examen preliminar, se colocaron trabas para que el Estado venezolano no pudiera conocer el contenido de lo investigado.
Según lo expresó el mandatario, Venezuela garantiza que apoyará de manera firme y definitiva a la Corte Penal Internacional en cuanto a la búsqueda de la verdad y la justicia, pero que es importante que en ese proceso participe la fiscalía de esa nación, para de esta manera darle equilibrio a la averiguación de los hechos.
Ante esto Khan expresó que se va a trabajar de forma colaborativa, independiente, pero siempre basado en lo establecido en el Estatuto de Roma con respecto a lo que tiene que ver con el principio de complementariedad positiva, ya que lo desean ambas partes es conocer la verdad.
Para maduro quien controla todos los poderes públicos, sería de gran ayuda que se tomara en consideración solo las investigaciones hechas por su Fiscal General ya que este ha demostrado ser abiertamente adepto al régimen, sin embargo Karim Khan dejo en claro que será su oficina la que dirigirá las averiguaciones.
El presidente venezolano expresó que en su país esta garantizada la justicia y que todas las personas quienes se encuentran detenidas, lo están por delitos comunes y no por tener una postura política diferente y que esto debió ser tomado en cuenta por la CPI, en el momento de emitir su informe preliminar.
El Estatuto de Roma
Es el tratado internacional donde aparecen registradas todas las normas que reglamentan el funcionamiento de la Corte Penal Internacional, en el claramente se especifica que después que la Fiscalía tiene conocimiento de un delito de lesa humanidad, procede a evaluar la información.
Esto se realiza durante la etapa de examen preliminar y en caso que existan suficientes elementos de convicción se inicia la investigación tambien puede ocurrir que el Fiscal de la CPI decida no proceder con la averiguación, si esto sucede la decisión puede ser revisada por la Sala de Cuestiones Preliminares.
Esta Sala está conformada por tres jueces quienes después de conocer los alegatos de la Fiscalía según lo establecido en el artículo 53(3) (a) del Estatuto de Roma podrán solicitar una reconsideración de la decisión de no avanzar en la investigación, solicitando la explicación de argumentos sólidos para tomar tal medida.
Conforme a lo establecido en las normas que rigen la labor de la Fiscalía durante el proceso de averiguación deben recabarse todas las pruebas que permitan determinar si realmente existe responsabilidad penal para poder juzgar aquellos ciudadanos quienes tengan la mayor responsabilidad por los crímenes cometidos.
La Fiscalía como órgano investigativo debe tomar en consideración las circunstancias incriminantes y las eximentes velar por el respeto a los intereses y las circunstancias personales de víctimas y testigos no podrá obligar al investigada a aceptar ser culpable, durante ninguna fase del proceso.
De igual forma no tiene porqué declarar en su contra pudiendo guardar silencio, en caso que algún testimonio sea obtenido violando estas normas la Corte Penal Internacional podría excluirlos de la investigación, por otra parte toda persona procesada jurídicamente tiene derecho a ser asistido por un abogado.
Respaldo de la comunidad internacional durante el proceso
Dependiendo del rumbo que tomen las investigaciones la Fiscalía de la Corte Penal Internacional puede requerir la cooperación de otras naciones incluso de organizaciones internacionales esta alternativa podría ser relevante para requerir el testimonio de los perseguidos políticos, que se encuentran en otros países
De igual manera es probable que el Estado Venezolano, se niegue a colaborar con la investigación utilizando los mecanismos diplomáticos regulares, por lo que la presión internacional será fundamental para poder realizar las diligencias que tiene que ver con las averiguaciones del caso.
Son muchos los países que desconocen a maduro como presidente de Venezuela y lo hacen responsable los constantes atropellos que viven los ciudadanos de esa nación, por lo que es casi seguro que, si el régimen no colabora con la investigación deberá enfrentarse a la censura internacional, agravando a un más su situación.
