Cuando se habla de prisiones, la mayoría piensa en muros, celdas y control. Sin embargo, detrás de cada centro penitenciario existe una estructura profesional altamente especializada que trabaja cada día para garantizar la seguridad, el orden y, sobre todo, la reinserción social de las personas privadas de libertad mediante sentencia.
Esa estructura tiene nombre propio: el personal de Instituciones Penitenciarias. Actualmente, hay cerca de 23.000 profesionales – de los que apenas 6.000 son mujeres – velando por aproximadamente unos 46.000 presos en las distintas instituciones, pero es una cifra que no para de crecer en ambos sentidos.
“Ser funcionario de prisiones es formar parte de la Administración Pública en uno de los entornos más complejos, exigentes y desconocidos para la ciudadanía. Su labor se rige por protocolos legales y de seguridad muy estrictos, con un objetivo doble: proteger tanto a los internos como al propio personal”, explican desde la Academia Forvide, especializada en este tipo de formación.
Para comprender cuáles son las funciones de este funcionariado basta con pensar en que entre ellos hay agentes de vigilancia, técnicos de tratamiento que aplican programas educativos, laborales y psicológicos para buscar la reinserción, jefes de servicio para supervisar la operativa diaria y funcionarios de apoyo para las tareas de tipo administrativo, logístico o de mantenimiento.
Una carrera profesional con recorrido real
El acceso a Instituciones Penitenciarias no es el final del camino, sino el inicio de una carrera profesional con posibilidades reales de promoción.
Una vez se obtiene plaza como funcionario, quienes cuentan con titulación universitaria pueden acceder, por promoción interna, al Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias (subgrupo A2) y, posteriormente, al Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias (subgrupo A1).
Para quienes no disponen de titulación universitaria, la progresión se articula a través de la antigüedad y la obtención de puestos de mayor nivel mediante concursos.
Aunque se percibe como una oposición difícil, la realidad es que la ratio de aprobados es relativamente favorable si se compara con otros procesos selectivos del ámbito público.
De forma habitual, la proporción se sitúa en torno a una plaza por cada siete aspirantes. En la última convocatoria se presentaron aproximadamente 7.000 personas para cubrir unas 900 plazas.
“En los últimos años, las ofertas de empleo público para Instituciones Penitenciarias se han movido, de manera estable, entre 700 y 900 plazas anuales. No es una cifra exacta ni garantizada, ya que depende de las disponibilidades presupuestarias del Gobierno de turno, aunque la necesidad de personal en los centros es estructural”, comentan desde la academia.
El temario es, como ocurre en la mayoría de oposiciones de la Administración, predominantemente jurídico. La legislación ocupa un papel central en la preparación, aunque una de las partes que realmente acaba siendo atractiva para los opositores es la parte de Derecho Penitenciario que permite conocer cómo es realmente la vida dentro de un centro penitenciario y cómo se organiza la convivencia tras los muros.
El Derecho Penal también despierta un notable interés, especialmente entre quienes sienten curiosidad por el ámbito del true crime y la criminología.
Un reto que, cada vez, llama más la atención de opositores llegados no solo desde Grados como Derecho, sino de otros relacionados con lo social y psicológico en busca de aportar un enfoque multidisciplinar a la reinserción y rutinas penitenciarias
