Autónomos que no han logrado recuperar su actividad tras la pandemia, familias atrapadas por préstamos personales, tarjetas de crédito y deudas con Hacienda o la Seguridad Social.
Este es el perfil cada vez más habitual de quienes consultan sobre la Ley de la Segunda Oportunidad en la comarca del Garraf. La Ley de la Segunda Oportunidad permite cancelar deudas cuando existe una situación de insolvencia real y acreditada. No se trata de aplazar pagos ni de refinanciar, sino de un procedimiento legal que puede llegar a eliminar gran parte de las deudas y permitir a la persona empezar de cero. En este contexto trabaja Anna Larrosa, profesional especializada en este ámbito y responsable de Elimine Deuda, con despacho en Vilanova i la Geltrú.
Según explica, “muchas personas agotan primero todas las vías tradicionales: refinanciaciones, préstamos para pagar préstamos, acuerdos imposibles… Cuando llegan a nosotros, el problema ya no es de gestión, es de insolvencia”. Uno de los aspectos que más preocupa a los afectados es si podrán cancelar deudas con Hacienda o Seguridad Social. Desde la reforma de la ley, es posible exonerar parte de estas deudas bajo determinados límites y condiciones, algo que ha abierto la puerta a muchos autónomos que antes no podían acogerse al procedimiento.
El perfil del solicitante es variado: pequeños empresarios, trabajadores por cuenta ajena que encadenaron créditos para afrontar gastos familiares o personas que avalaron a terceros y terminaron asumiendo una carga imposible.
El denominador común es la imposibilidad real de hacer frente a los pagos.
“El primer paso es analizar el caso con números encima de la mesa. No todo el mundo puede acogerse, pero cuando encaja, es una herramienta muy potente”, señala la Sra. Larrosa.
Desde el despacho destacan la importancia de acudir a profesionales especializados en esta materia, ya que el procedimiento exige cumplir requisitos estrictos y una correcta planificación jurídica. La Ley de la Segunda Oportunidad no es un recurso para evitar pagar, sino un mecanismo legal pensado para quienes, actuando de buena fe, se han visto atrapados en una situación económica insostenible.
