La fiscal de la Corte Penal Internacional ha manifestado que existen suficientes elementos de convicción que señalan al gobierno de Venezuela como responsable de crímenes de lesa humanidad.
En el extenso informe redactado por la fiscalía de la corte se deja constancia de la cantidad de violaciones de derechos fundamentales que ocurren en ese país bajo el beneplácito del dictador Nicolás Maduro Moros.
Crímines de lesa humanidad en Venezuela
Contenido del artículo:
Antecedentes
Como se sabe, los crímenes de lesa humanidad afectan de manera directa a las personas civiles y a la población militar, cuando no se encuentra en guerra.
En Venezuela, en la actualidad, existe un grave deterioro de las instituciones, presenta la inflación más alta del mundo y no existe independencia de poderes. Además, todo aquel que se atreve a disentir del gobierno de Nicolás Maduro es inmediatamente apresado, aislado y torturado.
Se estima que los organismos, Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM), Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), son el brazo armado del gobierno y violan de manera flagrante los derechos más elementales de los ciudadanos venezolanos.
Incluso, todo lo establecido en los Estatutos de Roma y la Convención de Ginebra pareciera no existir en Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia es controlado por el régimen y la Fiscalía General de la República tiene como fiscal general a un militante del partido de gobierno.
Ante estos hechos, las torturas a las que son sometidos los presos políticos se mantienen en total impunidad.
Jurisdicción universal
Este tipo de delitos que afectan a la población de un país son tan graves que permiten ser juzgado en cualquier parte del mundo. Es decir, cualquier tribunal puede comenzar un proceso de investigación que al concluirlo permita enjuiciar a los responsables de los delitos.
Esto significa que todos aquellos mencionados en el informe, especialmente Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, en un futuro podrían ser apresados en cualquier país del mundo para posteriormente ser sometidos a juicio.
La disyuntiva que se presenta es que el dictador es considerado por algunos países como el presidente constitucional de Venezuela. Esto, por supuesto, le otorga inmunidad presidencial.
Pero si los organismos internacionales competentes lo señalan como responsable de los crímenes de lesa humanidad, podría ser apresado y posteriormente juzgado como lo manda la ley.
Otro posible escenario sería que Maduro dejara el cargo y al salir de Venezuela hacia cualquier país, fuera inmediatamente detenido y puesto a la orden de la Corte Internacional de Justicia.
Respuesta del gobierno de Nicolás Maduro
Después de publicado el informe, el gobierno del dictador respondió que todo era un plan orquestado por los Estados Unidos para manchar su gestión y que la ONU debería dedicarse a investigar a otras naciones donde sí se sabe se violan a diario los derechos fundamentales de las personas.
El canciller venezolano, Jorge Arreaza, dijo que dicho informe carece de legitimidad y se ha hecho siguiendo los lineamientos de Washington, ya que están preocupados por la brillante gestión de Maduro al frente de Venezuela.
Tambien manifestó que la independencia de poderes es total en el país y no existen presos políticos, sino que se trata de delincuentes comunes que en muchos casos han intentado asesinar al primer mandatario.
Incluso expresó que el gobierno desestima el que la fiscalía de la Corte Penal Internacional califique a Venezuela como un país violatorio de los derechos humanos.
En tanto, cuando la comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, fue a Venezuela se le impidió visitar los sótanos de la DGSIM donde se encuentran privados de libertad gran cantidad de políticos.
De igual manera, fue público y notorio que la oficina donde la comisionada se reunió con los detenidos estaba llena de micrófonos por lo que los esbirros del régimen pudieron escuchar todo lo que los detenidos hablaban con Bachelet.
Posteriormente, estos fueron torturados y castigados impidiéndoles visitas no solo de sus abogados sino tambien de sus familiares.
Ante estos hechos, el Fiscal General venezolano expresó en su momento que en el país se respetaban los derechos humanos y que la institución que él representa se encarga de velar por el cumplimento estricto de las leyes.
Por su parte, Tarek Williams Saab, Fiscal General de Venezuela, informó que la Corte Penal Internacional debería dedicarse a dar respuesta a la demanda presentada por Venezuela contra los Estados Unidos ya que, según el gobierno, Trump es el responsable de todas las sanciones económicas impuestas.
Sanciones que han generado una crisis humanitaria desde hace 5 años que afecta directamente no solo la alimentación, sino tambien los servicios de salud y educación de los venezolanos.
Hecho sin precedentes
Es la primera vez en Latinoamérica que un presidente en ejercicio es señalado por haber cometido crímenes de lesa humanidad.
Por ejemplo, en Siria, Birmania y Zimbabue, los presidentes o dictadores fueron calificados como criminales por la Corte Internacional ya que estimaban que estos violaban de manera flagrante los derechos humanos.
Muchos mandatarios latinoamericanos disienten del régimen de Nicolás Maduro y han expresado que la oleada de inmigrantes venezolanos es una respuesta natural ante el temor que infunde la dictadura sobre la ciudadanía.
Como se recordará, Michelle Bachelet hizo un informe donde describía de forma detallada las violaciones de derechos humanos en Venezuela, pero lo expresado por la Corte Penal Internacional donde se califica de delito de lesa humanidad, da pie para que la Corte Internacional de la Haya intervenga de manera directa en el genocidio que ocurre actualmente en ese país.
Países como Colombia, Chile y Perú han expresado a viva voz su rechazo a las acciones del dictador Maduro en contra de la población civil. Incluso, se han ofrecido como garantes para lograr la salida del régimen del poder y que de esta forma se pueda detener las torturas, persecuciones y desapariciones forzadas de ciudadanos venezolanos.
Lamentablemente, la República de Venezuela ostenta el dudoso honor de ser señalado como uno de los países donde mayor cantidad de crímenes de lesa humanidad se cometen.
