Cerca de 40.000 venezolanos han pisado tierra de Trinidad y Tobago durante este año. Esto se debe a que intentan escapar de una de las crisis más graves que ha sufrido la nación sudamericana en toda su historia contemporánea.
Al parecer esa Isla del Caribe no se encuentra en disposición de recibir a más migrantes por lo que, en un hecho inédito, fueron expulsados 16 niños a los que colocaron en un pequeño bote para que regresaran a su país.
Todo lo que hay que saber sobre la expulsión de los menores venezolanos de Trinidad y Tobago
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Antecedentes
El 90% de los venezolanos que llegan a Trinidad y Tobago lo hacen de forma ilegal, aunque algunos sí solicitan asilo humanitario o político. Según expresó el dirigente político de Venezuela, David Smolansky, esta situación parece que poco le importa al gobierno trinitario.
Y es que, las personas que se han visto obligadas a emigrar a la isla, solo se han encontrado con xenofobia, detenciones arbitrarias e inclusive violencia de género y feminicidio.
Pero, el hecho que actualmente mantiene en alarma a la comunidad internacional, es que no les importó expulsar a 16 niños, incluyendo a un bebé de 4 meses. Este hecho va en contra de todo lo establecido en las convenciones internacionales que se refieren a la protección de los inmigrantes.
Cuando los niños llegaron a Venezuela, lo hicieron con un severo cuadro de deshidratación y descompensación ya que, al parecer, estuvieron en alta mar aproximadamente 48 horas enfrentándose a condiciones climatológicas adversas.
Los venezolanos, según han expresado, son encarcelados en la isla como delincuentes y obligados a permanecer en un calabozo donde se encuentran totalmente hacinados. Allí se les priva de alimentación, agua y atención médica y, después, son obligados a embarcarse en inseguras lanchas para atravesar el mar que los lleva de vuelta a su país.
Por su parte, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, expresó gran preocupación por la situación que viven los ciudadanos venezolanos en Trinidad y Tobago e invitó a las autoridades de la isla a que cumplan con los acuerdos internacionales de protección a los migrantes por razones humanitarias.
De igual manera, la portavoz de la oficina del alto comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, Liz Throssell, expresó mediante un comunicado que, independientemente del estatus y de la razón que obligue a las personas a emigrar, todos tienen derecho a ser protegidos.
Posición de Trinidad y Tobago
El Primer Ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, expresó que su país se encuentra bajo asedio de los ilegales venezolanos y no ha recibido apoyo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) porque Luis Almagro les estaría cobrando el no apoyar un cambio de gobierno en Venezuela.
Dijo que su nación, con un millón trescientos mil habitantes, no tiene capacidad para recibir a la gran cantidad de migrantes que cada día llegan desde Venezuela. De igual forma, manifestó que se está utilizando una acción jurídicamente justificada como es la deportación de ilegales, como un hecho político con la finalidad de dañar su gestión gubernamental.
Por su parte, el Ministro de Seguridad Nacional de la isla, Stuart Young, expresó que la expulsión de los ciudadanos venezolanos estaba ajustada a las leyes. Además, que él no es responsable de colocar en ningún bote a los 16 niños que fueron deportados.
De igual forma expresó, con duras palabras, que toda persona que entre de forma ilegal a la isla inmediatamente se convierte en un indeseable y, por ende, deben enfrentar las consecuencias judiciales a las que haya lugar.
Stuart Ypung recordó a los venezolanos que permanecen de forma legal en la isla, que si se descubre que están ayudando a sus conciudadanos que ingresaron ilegalmente a Trinidad y Tobago, inmediatamente les serán confiscados los bienes que tengan y serán deportados a Venezuela.
Tambien dijo que las fronteras están cerradas desde el mes de marzo producto de la pandemia, por lo que es injustificable la llegada de nuevos venezolanos a la isla.
Trinidad y Tobago se defiende
La policía dice que jamás hizo la detención de los niños y sus padres. Por su parte, inmigración manifiesta desconocer cualquier tipo de procedimiento que tenga que ver con la deportación de los 16 infantes.
En tanto, la guardia costera tan solo atina a decir que sí recibieron a los pequeños de parte de inmigración, pero que jamás fueron obligados a abandonar la isla. Resulta que en la actualidad en Trinidad y Tobago nadie sabe quién dio la orden de la deportación y quién decidió mandar a los niños a alta mar.
Este hecho ha causado conmoción internacional por lo que un juez de la Corte Suprema de Trinidad y Tobago emitió una orden a la fuerza de defensa con el fin de rescatar a los 16 niños y llevarlos nuevamente a tierra trinitaria. Al parecer, la orden no se cumplió, porque los pequeños ya se encontraban en territorio venezolano.
Investigación en puertas
Trinidad y Tobago al parecer envió una embarcación a tierra venezolana con el fin de rescatar y reunir nuevamente a los niños con sus padres, que se encuentran aún detenidos en la isla.
Los pequeños y sus familiares se mantendrán en cuarentena para establecer que no están contagiados de Covid-19 y después serán recibidos en la isla por razones humanitarias, dándoles el estatus de refugiados.
Más allá de esta acción por parte del gobierno trinitario, la comunidad internacional exige una severa investigación, no solo porque se puso en riesgo la vida de 16 niños a quienes se les obligó a abordar una frágil embarcación para regresar a Venezuela, sino también por la forma en como está tratando el gobierno trinitario a todos los ciudadanos venezolanos.
Debe recordarse, que el Primer Ministro de Trinidad y Tobago, se vio fuertemente beneficiado por el régimen de Hugo Chávez ya que la revolución utilizó los dólares provenientes de la venta de petróleo para hacer fuertes donaciones en esa isla del Caribe. Todo esto con la intención de contar con el apoyo político de Trinidad y Tobago en organizaciones como la OEA.
Hasta ahora el gobierno del dictador Nicolás Maduro no ha emitido ningún comunicado y las ONG que hacen vida en la isla, así como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, han exigido realizar una investigación que permita encontrar a los culpables de enviar a los niños a una muerte casi segura.