Colombia se ha visto sacudida por una serie de protestas violentas en las que se solicitaba al gobierno del presidente Iván Duque que no aplicara la reforma tributaria que afectaría directamente a las personas y no a los entes jurídicos.
Aunque las manifestaciones lograron su cometido y el primer mandatario expresó que no aplicaría dicha reforma, las principales ciudades del país, incluyendo la capital, se han unido a las protestas generando hechos vandálicos en la nación.
Todo lo que hay que saber sobre las protestas en Colombia
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Pliego de peticiones
El movimiento que está generando la conmoción en Colombia dice ser producto del cansancio del pueblo y, bajo ningún concepto, representan intereses de partidos u organizaciones.
De igual manera, los líderes aún no identificados han solicitado el cumplimiento de lo que llaman las líneas generales de cambio. Estas son:
Economía más igualitaria
Los ciudadanos colombianos consideran que el gobierno de Iván Duque se ha convertido en un defensor del empresariado, dejando a un lado el bienestar del pueblo.
Aunque el país tiene una estabilidad macroeconómica, muchos consideran que desde el punto de vista micro, se está pasando por una de las peores crisis de la historia moderna de ese país.
Asimismo, la existencia de la Covid-19 ha causado que la brecha entre la clase alta y la clase media/baja sea cada día mayor. Por otra parte, los manifestantes culpan al Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, de querer imponer un paquete neoliberal en la economía de Colombia.
De igual forma creen que se está haciendo a un lado la democratización de la salud y la educación ya que, aunque el gobierno ha tratado por todos los medios de hacer frente al coronavirus, se nota una marcada desigualdad en la atención que reciben los ciudadanos dependiendo de su estrato.
Por otra parte, no solo exigen la salida de Carrasquilla del Ministerio de Hacienda, sino también acabar con los oligopolios, no solo de la minería sino también del azúcar y el banano.
Revisión del proceso de paz
Según han expresado los voceros de los manifestantes, el gobierno no ha hecho cumplir a cabalidad el proceso de paz firmado por el gobierno de Juan Manuel Santos con la FARC en el año 2016.
Muchos consideran que algunos disidentes de este grupo revolucionario se han unido a las bandas criminales, cometiendo asesinatos de líderes sociales y masacres de poblaciones enteras que han generado desplazamientos masivos de campesinos.
Según expresan estos voceros, el gobierno central no ha dado muestras de tener el control sobre la situación y, para muchos, mantienen estos disidentes aún en el conflicto armado para poder mantener el llamado discurso guerrerista.
Se cree que es indispensable que de forma inmediata Iván Duque obligue a las guerrillas y grupos armados a la rendición o que, por el contrario, empiece una operación que dé como resultado la eliminación de estos grupos terroristas.
Reforma policial
A raíz de las manifestaciones ocurridas en la ciudad de Cali, los manifestantes expresaron que la policía había actuado de forma violenta, sin apegarse a las normas internacionales que rigen los controles de personas en las manifestaciones.
Según la Organización No Gubernamental Temblores, en tan solo 4 días de protestas se habían documentado 940 casos de violencia policial. De igual manera, se atribuye la responsabilidad absoluta de, al menos, la muerte de 8 manifestantes al escuadrón móvil antidisturbios de la policía.
Para muchos manifestantes, el gobierno central de Colombia debe cambiar el concepto de la Policía Nacional ya que está estructurada para la lucha contra las guerrillas marchistas y los cárteles del narcotráfico y no se han adaptado a los nuevos tiempos. En pocas palabras, se le exige al gobierno humanizar las fuerzas del orden público.
Participación de la oposición
Aunque inicialmente se pedía abolir el proyecto de reforma tributaria, los manifestantes han expresado que con una economía adormecida y una situación de pandemia, se debió tomar en consideración a las fuerzas vivas del país para llevar a cabo la aplicación de la ley de impuestos.
Dentro de los entes que se consideran indispensables para discutir dicha ley se encuentran los partidos de oposición, que podrían, de alguna manera, aportar elementos que beneficiaran a la clase baja y media de Colombia.
Como se sabe, con dicha reforma se aplicaría el Impuesto del Valor Agregado no solo a la cesta familiar, sino también a los servicios públicos más básicos, es decir, energía eléctrica, agua, telefonía pública y gas natural, ya que la intención del gobierno era recaudar para este año 6.300 millones de dólares.
Consecuencias de las manifestaciones en Colombia
La reforma que intentó impulsar el gobierno de centroderecha de Iván Duque ha causado serias consecuencias en todos los ámbitos de la vida pública nacional.
Por ejemplo, desde el punto de vista económico, la renuncia de Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla el pasado 3 de mayo, generó un descenso en los bonos de inversión de Colombia.
De igual forma, y debido al toque de queda impuesto por los actos de desorden público, el sector comercial de las ciudades donde ocurren las manifestaciones, han estimado pérdidas superiores a 230.000 millones de pesos colombianos.
Asimismo, se estima, a muy corto plazo, escases de los alimentos así como un aumento de precio en los mismos, ya que el bloqueo de las carreteras impedirá que estos lleguen hasta los estantes.
Desde el punto de vista político, el gobierno de Iván Duque demostró no solo falta de gobernabilidad, sino también que no tiene la capacidad suficiente para afrontar un clima de inestabilidad política.
Sus adversarios podrían aprovechar la muerte de los manifestantes para solicitar ante el congreso algún tipo de sanción para el primer mandatario de la nación. Desde el punto de vista social, la clase media y la clase baja se han unido ante lo que consideran un enemigo común, es decir, la oligarquía colombiana.
Por su parte, en el ámbito deportivo, la CONMEBOL manifestó gran preocupación con respecto a la realización de la Copa América en el país. Incluso se está sopesando la posibilidad de cambiar la sede a Uruguay.
Iván Duque se encuentra en una verdadera encrucijada, ya que el estado colombiano arrastra un gran déficit fiscal y no tiene recursos para pagar la deuda que pesa sobre ese país.
Sin duda, esto dañaría no solo la reputación de la nación sino que podría generarse un efecto cascada que ahuyentaría a los inversores, agravando aún más la situación del país. Por lo pronto, en las redes sociales el mensaje que más se ha virilizado es “EL PARO SIGUE”.
