Colombia es considerada una de las naciones más desarrolladas de Latinoamérica, gracias al avance tecnológico, económico y social que ha propiciado en los últimos años.
No obstante, el país también se conoce como uno de los más peligrosos de todo el continente. Esto último es producto del conflicto interno que ha vivido en los últimos años (siendo considerada internacionalmente como una guerra civil).
Igualmente, su situación ha llegado a preocupar a organismos como la “Organización de las Naciones Unidas”, a tal punto que su departamento de seguridad, le solicitó al gobierno ayudar a detener los asesinatos a los líderes sociales.
Contexto situacional
Actualmente las fuerzas del estado presentan un conflicto con un conjunto de grupos armados que realizan una “Guerra de Guerrillas”. Estos se conocen como el “ELN” y la “FARC-EP”, principalmente.
No obstante, en esta lista también se enumeran paramilitares, cárteles de droga, grupos delincuenciales radicales, etc. Sin embargo, la principal trama de este conflicto se desarrollaba entre el gobierno y las “FARC-EP”.
Hay que recordar que esta última corresponde a la guerrilla más grande de Colombia con un total de 7000 inmigrantes. A pesar de ello, el gobierno de “Juan Manuel Santos” logró concretar unos acuerdos de paz con ellos.
Estos se firmaron oficialmente el 24 de agosto del 2016, y desde entonces las “FARC-EP” (Fuerzas Armadas Revolucionadas de Colombia-Ejército del Pueblo), se han establecido como un partido político.
Sin embargo, entre las condicionales para que esta acción se ejecutara, se encontraba la protección acontecida a los integrantes del grupo y a su no persecución por parte de las autoridades.
Igualmente, estaba implícito el desarme completo de la institución. Esta última acción se dio el 27 de junio del 2017 (cuando entregaron el porcentaje total de armas en su poder).
No obstante, esto dejó al grupo desprotegido ante un conjunto de enemigos que todavía estaban en guerra con el gobierno. Por lo tanto, el cese al fuego implicó la muerte de cientos de integrantes de la organización.
Muertes de líderes sociales en Colombia
Según la “Defensoría del pueblo”, desde el 2016 hasta el año 2019 se han cometido alrededor de 555 asesinatos en lo correspondiente a líderes de movimientos sociales y exguerrilleros.
Sin embargo, el número en relación muertes-años, está aumentando progresivamente. De hecho, solo en 2019 murieron 118 personajes populares importantes por esta acción.
Asimismo, parece que el 2020 no pretende mejorar en este aspecto, ya que, en los pocos dias del nuevo año se han reportado alrededor de 18 asesinatos por esta misma situación.
Uno de ellos (y el más reconocido a nivel nacional) fue Amparo Guegia, un líder indígena importante de la última década que fue asesinado el 10 de enero de forma violenta.
Todo esto provocó que el “Consejo de Seguridad” de la ONU le solicitara al país que ejerciera acciones para frenar este asesinato selectivo. Cabe destacar que el organismo no acusa al gobierno Colombiano de ejecutar a estos líderes.
De hecho, muchos excusan al poder ejecutivo de la nación ante sus buenas intenciones de acabar con el conflicto interno. Sin embargo, no han realizado casi ninguna acción en pro de salvaguardar los intereses de los exguerrilleros y líderes sociales.
Asimismo, no ha buscado establecer casi ningún tipo de negociación con las guerrillas resultantes del conflicto, siendo una de ellas el “ELN” (Ejército de Liberación Nacional).
Esto ha conformado una guerra desigual entre los dos grupos guerrilleros (FARC-EP y ELN), así como entre el conjunto de paramilitares y bandas criminales que todavía se encuentran en funciones.
En este punto se encuentran los “Rastrojos”, las “Águilas Negras” y las mismas disidencias de otros grupos armados.
Consecuencias de esta situación
En este punto, se pueden definir 2 principales consecuencias del asesinato en abundancia de líderes sociales y exguerrilleros, las cuales se mencionaran en las próximas líneas:
La FARC-EP vuelve a las armas
A pesar de que las operaciones de este grupo guerrillero terminaron oficialmente el 24 de noviembre del 2016, su desarme se ejecutó en el 2017 y su transformación se dio en el 2018, el grupo volvió a armarse este 2019.
Dicho aspecto se debe al incumplimiento del gobierno en varios puntos expuestos en los acuerdos de paz. Cabe destacar que uno de ellos se refiere a la protección de los exguerrilleros.
Igualmente, esta intrínseco el subsidio a sus familias y las contribuciones otorgadas en pro de su reinserción en la vida pública, siendo algo que no ha sucedido de forma exitosa.
Sin embargo, en este rearme se encuentran disidencias de la organización, ya que el partido político sigue existiendo y está siendo dirigido por “Rodrigo Londoño” (Timo león) conocido por el ser el comandante en jefe de la ex guerrilla.
En este punto, el nuevo líder de las disidencias es “Ivan Márquez”, quien expuso sus intenciones de retomar el conflicto y de separarse completamente de la organización.
Dicha acción fue repudiada por múltiples jefes de estado en todo el mundo, pero muchos líderes sociales lo aplaudieron y lo vieron como una amenaza a los paramilitares que han recurrido a su persecución en los últimos años.
Desconfianza en futuros acuerdos de paz
A pesar de que anteriormente el gobierno ya había firmado acuerdos de paz, las consecuencias en términos de asesinatos selectivos siempre estuvieron presentes.
Un ejemplo de ello se dio con el “Movimiento 19 de Abril” en 1990, “Ejército Revolucionario del Pueblo” en 2007 y el “Ejército Popular de Liberación” en el año 2013.
De hecho, este último grupo también se volvió a armar producto del asesinato de sus ex beligerantes. Dicho aspecto ha creado un miedo general sobre la firma de futuros acuerdos de paz, aumentando aún más las posibilidades de que continúe el conflicto.
Incluso, un estudio realizado por la “Facultad de Economía de la Universidad de los Andes” demostró lo anteriormente mencionado. En el mismo, se dio a conocer que el 70% de la población colombiana no cree que vaya a darse una reconciliación con los grupos armados.
Mientras tanto, otros estudios exponen que el 68% de la población no cree en los acuerdos de paz que el gobierno ejecuta con las guerrillas o grupos paramilitares en el territorio.
