El pasado 31 de enero, un gran número de manifestantes se congregó en la plaza Lubianka en el centro de Moscú, a fin de solicitar la excarcelación de Alexei Navalni.
Sin embargo, desde el 23 de enero, miles de personas en todo el país se han manifestado en contra de lo que se considera una detención arbitraria, motivada por razones políticas y que no tienen nada que ver con el cumplimiento de la justicia.
Todo lo que se debe saber sobre las protestas en Rusia
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Los organismos de seguridad rusos han detenido, solo en Moscú, a más de 1.600 manifestantes ya que consideran que representaban un peligro inminente para la seguridad de la nación.
Dentro de los detenidos se encuentra Yulia Navalnaya, esposa del activista político Alexei Navalni. Esta ciudadana fue acusada de conspirar para desestabilizar el orden en Rusia.
A más del 70% de las personas detenidas se les ha abierto procedimientos de tipo penal, otorgándoles una libertad condicional en la que tienen que permanecer en arresto domiciliario.
Otras detenciones importantes son las de Oleg Sobol, que es considerado el aliado político más cercano de Navalni. Aunque este no se encontraba en ninguna concentración pública, su domicilio fue allanado y él fue llevado ante un juez, quien decidió dejarlo detenido mientras prosiguen las investigaciones.
Entre tanto, la fiscalía emitió un comunicado en el que recomienda a las personas mantenerse en sus hogares, ya que quienes sean apresados en cualquier tipo de manifestación serán acusados por disturbios masivos e inmediatamente encarcelados.
De igual manera, los organismos gubernamentales anunciaron que sancionarían a las redes sociales si son utilizadas por cualquier persona para incitar mediante mensajes a la desobediencia civil o las protestas políticas.
Desde el pasado 23 de enero, en Moscú se ha mantenido una tensa calma. El acceso a varias calles está limitado y las estaciones del metro cerraron en su gran mayoría. Aún con esta situación, las personas no han dejado de congregarse en las sedes de los servicios de seguridad rusos, así como en las cercanías del Kremlin, para solicitar a las autoridades la liberación inmediata de Alexei Navalni.
El pasado 2 de febrero, un juzgado de Moscú condenó a tres años y medio de cárcel al opositor ruso Alexei Navalni. Dicha pena será efectiva en tal solo dos años y ocho meses, ya que se deberá restar todo el tiempo que este ciudadano se mantuvo en arresto domiciliario.
El activista cumplirá toda la sentencia en una colonia penal, donde deberá trabajar de manera obligatoria, sin posibilidad alguna de salir en libertad condicional.
La jueza que lo condenó, expresó que existían elementos suficientes que demostraban que Navalni habría cometido mal uso del dinero que se le confió. Además, alegó que violó sistemáticamente su libertad condicional, pudiendo tomarse esto como un gesto de burla hacia la justicia rusa.
Los abogados defensores del activista han expresado que apelarán a la condena, aunque según sus colaboradores, es muy poco probable que algún tribunal pueda atreverse a cambiar el fallo ya emitido.
Cuando la fiscalía le preguntó a Navalni, por qué no se había presentado a las sucesivas citaciones emitidas por el tribunal, éste le respondió de manera muy sarcástica que primero estaba inconsciente y segundo no podía caminar porque sencillamente, se encontraba en estado de coma y recluido en un hospital en Berlín. Ante esto, la jurista expresó que él se encontraba en libertad condicional por lo que no debió haber salido nunca del país.
Alexei Navalni fue acusado de haber malversado 500.000 euros pertenecientes a una empresa rusa. Lo que no se explica, es por qué si dicha empresa era privada, al activista se le tipifican delitos que tienen que ver con el manejo del dinero público.
Desde el momento en que comenzó el juicio de Navalni, el tribunal Europeo de Derechos Humanos manifestó que el proceso era injusto y arbitrario. Incluso, no existían las condiciones reales que garantizaran que era la ley y la justicia, quienes se encargarían de condenar o absolver al activista.
Se estima que después de que cumpla la condena que se le acaba de imponer, se busque la forma de tipificarle otro delito para judicializarlo nuevamente y mantenerlo en prisión.
Reacción internacional
Un alto representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia ha expresado que la presencia de diplomáticos en el juicio se hizo con la intención de coaccionar y ejercer presión psicológica a la jueza del caso para que tomara una decisión favorable a Alexei Navalni.
En tanto, un portavoz de la cancillería alemana condenó el uso de la violencia en las manifestaciones pacíficas de los opositores rusos. Es por ello que solicitaron condiciones favorables para un nuevo juicio en contra de Navalni.
Por su parte, el Secretario de Estado de los Estados Unidos Antony Blinken, expresó que es profundamente inquietante la forma en que la policía rusa está reprimiendo a los ciudadanos. Así mismo, manifestó que las protestas son sencillamente el reflejo de la frustración del pueblo ruso contra la autocracia y la corrupción.
Esto género que la cancillería rusa expresara en un comunicado que los Estados Unidos estaba actuando de forma grosera e inmiscuyéndose en los asuntos internos de Rusia. Dejó claro que para ellos las declaraciones de la administración Biden solo alientan a los ciudadanos rusos para que salgan a manifestarse a las calles.
Es por ello que Rusia solicita la no injerencia de los Estados Unidos en las decisiones jurídicas de su país. En este sentido, el embajador estadounidense fue llamado al Ministerio de Relaciones Exteriores para informarle que el kremlin estudiará el comportamiento de las grandes plataformas de telecomunicaciones y de internet para evitar que propaguen noticias falsas, que traten de desvirtuar la verdad sobre lo que ocurre en el país.
Se espera que en los próximos días, la Unión Europea emita un enérgico comunicado, en el cual repudie no solo la condena impuesta a Navalni, sino también la brutal represión en las protestas pacíficas que vienen ocurriendo en esa nación.
Es muy probable que las manifestaciones se incrementen, por lo que el gobierno de Vladimir Putin deberá tomar medidas acertadas para evitar que otras ciudades puedan seguir el ejemplo de Moscú, lo que indudablemente pondría en peligro la hegemonía del presidente ruso en el poder.
