Las dificultades para hacer frente a préstamos, tarjetas, créditos o deudas acumuladas pueden afectar la economía personal durante años. En España, la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad permite que determinadas personas físicas puedan solicitar la exoneración de parte de sus deudas cuando cumplen los requisitos establecidos por la legislación concursal. Ante un procedimiento que combina gestiones administrativas y actuaciones judiciales, existen empresas especializadas que acompañan al cliente durante las diferentes etapas.
Su trabajo comienza con el análisis de la situación económica y documental de cada persona. En este punto, los profesionales revisan las deudas existentes, los ingresos, el patrimonio y las obligaciones pendientes para determinar si el caso puede acogerse al mecanismo. A partir de esa evaluación, una empresa especializada puede encargarse de organizar la documentación necesaria y preparar las actuaciones que correspondan para iniciar el procedimiento.
La Ley Concursal establece actualmente el mecanismo de exoneración del pasivo insatisfecho, conocido habitualmente como segunda oportunidad. Tras la reforma introducida por la Ley 16/2022, la exoneración puede plantearse mediante diferentes vías, entre ellas un plan de pagos o la liquidación de determinados bienes, siempre dentro de las condiciones previstas por la normativa. Además, no todas las obligaciones tienen el mismo tratamiento, por lo que resulta necesario estudiar cada deuda de manera individual.
La recopilación de documentación representa una parte importante del proceso. Información sobre préstamos, tarjetas, cuentas bancarias, propiedades, ingresos, gastos y procedimientos abiertos puede ser necesaria para acreditar la situación económica del solicitante. Las empresas que ofrecen este tipo de asistencia pueden centralizar la recopilación y revisión de estos documentos para reducir errores y evitar que la persona tenga que gestionar por separado cada trámite.
El acompañamiento también puede extenderse a la fase judicial. Una vez iniciado el procedimiento correspondiente, los profesionales jurídicos intervienen para presentar escritos, responder a requerimientos y realizar las actuaciones necesarias ante los órganos competentes. El Consejo General del Poder Judicial señala que, tras la reforma concursal, los concursos de personas físicas, sean o no empresarios, pasaron a quedar bajo la competencia de los juzgados de lo mercantil.
Desde la empresa Olvida Tus Deudas, expresan que “la necesidad de conocer estas alternativas se relaciona con situaciones económicas que pueden resultar difíciles de resolver únicamente mediante acuerdos particulares”. Según el Instituto Nacional de Estadística, durante 2025 se registraron 22.879 certificaciones de ejecuciones hipotecarias iniciadas, un 12,4% más que en 2024. En el caso de las viviendas de personas físicas, las ejecuciones aumentaron un 21,7% durante el mismo período.
Estos datos no significan que todas las personas afectadas puedan acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, pero muestran que existen hogares que atraviesan situaciones de endeudamiento que requieren asesoramiento. Precisamente por eso, contar con profesionales que conozcan el procedimiento puede facilitar la identificación de las alternativas disponibles y evitar que una persona tome decisiones sin conocer previamente sus consecuencias.
Otro aspecto importante es diferenciar entre la orientación administrativa y la representación jurídica. Una gestión adecuada requiere que ambas áreas estén coordinadas para que la información económica presentada sea coherente con las actuaciones realizadas durante el procedimiento. El objetivo es que el expediente reúna la documentación necesaria y que cada paso se desarrolle conforme a las exigencias legales.
Para quienes atraviesan una situación de sobreendeudamiento, conocer las opciones disponibles puede ser el primer paso para recuperar el control sobre sus finanzas. El acompañamiento profesional no garantiza por sí mismo la exoneración, pero puede facilitar el acceso a un procedimiento complejo y ayudar a que cada persona conozca sus derechos y obligaciones. Disponer de información clara y asesoramiento especializado permite afrontar estas situaciones con mayor previsibilidad y tomar decisiones orientadas a recuperar la estabilidad económica.
