Una complicación médica no significa necesariamente que haya existido una negligencia. Para determinarlo es necesario analizar las circunstancias de cada caso, la actuación de los profesionales y las consecuencias sufridas por el paciente.
Las cifras de 2025 muestran la dimensión de este tipo de situaciones. La Asociación El Defensor del Paciente registró 14.986 casos de presuntas negligencias médico-sanitarias durante el año, equivalentes a unos 41 casos diarios.
Ante la sospecha de una actuación sanitaria incorrecta, una de las primeras decisiones debería ser consultar las circunstancias con un abogado para negligencias médicas en Madrid si el caso se encuentra en esta comunidad o en la provincia de referencia donde haya ocurrido el suceso.
El objetivo inicial no debería ser iniciar automáticamente un procedimiento, sino determinar si existen elementos suficientes para reclamar y qué actuaciones conviene realizar.
La recomendación de contar con asesoramiento jurídico especializado antes de tomar determinadas
Esto resulta especialmente importante porque una reclamación por responsabilidad sanitaria puede requerir conocimientos jurídicos y médicos. “No basta con considerar que el resultado de un tratamiento ha sido negativo. Para acreditar una posible mala praxis pueden ser necesarios informes médicos, documentación clínica y una valoración pericial que determine si la actuación sanitaria se ajustó a los protocolos y conocimientos exigibles”, explican desde Martín Salmerón Abogados.
Recopilar documentación y conservar las pruebas
La historia clínica constituye una de las principales fuentes de información para estudiar lo ocurrido. Conviene reunir informes médicos, resultados de pruebas diagnósticas, recetas, documentos de alta, consentimientos informados, comunicaciones con el centro sanitario y cualquier otro documento relacionado con la atención recibida.
También es recomendable conservar una cronología de los acontecimientos: cuándo aparecieron los primeros síntomas, qué atención se recibió, qué pruebas se realizaron, cuándo se produjo el diagnóstico y qué consecuencias tuvo posteriormente. Estos datos pueden ayudar a reconstruir la evolución del caso cuando hayan transcurrido semanas o meses.
La documentación adquiere especial relevancia cuando existen diferencias entre el diagnóstico inicial y el posterior, retrasos en la atención, intervenciones que han provocado secuelas o situaciones en las que el paciente considera que no recibió una asistencia adecuada. No obstante, será el análisis médico y jurídico el que determine si esas circunstancias pueden constituir responsabilidad.
Otro aspecto que hace recomendable solicitar asesoramiento cuanto antes son los plazos legales. El tiempo disponible para reclamar depende, entre otras circunstancias, de la naturaleza del caso, de si la asistencia se produjo en la sanidad pública o privada y de la vía que corresponda. Por ello, no existe un único plazo aplicable a todas las situaciones.
