La reciente reforma de la política migratoria de la Unión Europea ha reabierto el debate sobre cómo compatibilizar una gestión más eficaz de las fronteras exteriores con la protección de los derechos fundamentales. En este contexto, Costas Isychos, ex ministro alterno de Defensa de la República Helénica y exdiputado del Parlamento Helénico, ha advertido de la necesidad de evitar «dobles estándares» en la aplicación de las políticas migratorias europeas y de preservar las garantías jurídicas que sustentan el Estado de derecho.
«Europa tiene derecho y obligación de gestionar sus fronteras de forma eficaz. Pero esa eficacia no puede medirse únicamente por el número de retornos, sino también por la capacidad de garantizar que cada decisión respeta plenamente los derechos fundamentales y el Estado de derecho. La fortaleza de la Unión Europea reside precisamente en esa coherencia», afirma Costas Isychos.
La Comisión Europea defiende que las nuevas medidas responden a una necesidad identificada desde hace años: mejorar la eficacia del sistema de retornos mediante procedimientos más rápidos y homogéneos entre los Estados miembros. La reforma se enmarca en el Pacto sobre Migración y Asilo, aprobado en 2024 y cuya aplicación comenzó en junio de 2026, con el objetivo de reforzar la coordinación europea y reducir las diferencias nacionales en la gestión migratoria.
Sin embargo, diversos organismos internacionales y organizaciones especializadas en derechos humanos han expresado su preocupación por algunos aspectos de la reforma. Entre las cuestiones más debatidas figuran la ampliación de los periodos de detención administrativa, la posibilidad de establecer centros de retorno fuera del territorio de la Unión Europea y el endurecimiento de determinados procedimientos de expulsión.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Human Rights Watch han advertido de la importancia de que estas medidas cuenten con mecanismos de supervisión suficientes para evitar posibles vulneraciones del principio de non-refoulement, que prohíbe devolver a una persona a un país donde pueda sufrir persecución, tortura u otras violaciones graves de derechos humanos.
Para Isychos, el reto de la Unión Europea no consiste únicamente en incrementar la eficacia de los retornos, sino en demostrar que ese objetivo puede alcanzarse sin comprometer los principios que definen el proyecto europeo.
«La Unión Europea no puede exigir respeto al derecho internacional fuera de sus fronteras mientras genera dudas sobre la aplicación de esos mismos principios dentro de ellas. La seguridad y los derechos fundamentales no son objetivos contrapuestos; son condiciones necesarias para que una política migratoria sea sostenible y legítima», sostiene el exministro griego.
Claves para una política migratoria europea coherente
Según Isychos, consolidar una política migratoria eficaz y respetuosa con el Estado de derecho requiere avanzar en cinco ámbitos prioritarios:
- una gestión verdaderamente común de las fronteras exteriores;
- procedimientos de asilo ágiles con garantías jurídicas efectivas;
- una cooperación reforzada con los países de origen y tránsito para combatir las redes de tráfico de personas;
- mecanismos de solidaridad entre los Estados miembros que permitan compartir responsabilidades; y
- sistemas independientes de evaluación del impacto de las nuevas medidas sobre los derechos fundamentales antes y después de su aplicación.
La evolución de la política migratoria europea desde la crisis de 2015-2016 hasta las reformas actualmente en vigor refleja el esfuerzo de la Unión por construir un sistema más coordinado. No obstante, según defiende Isychos, la credibilidad internacional de la UE dependerá de su capacidad para demostrar que una gestión más eficaz de la inmigración puede desarrollarse sin comprometer la protección internacional, el Estado de derecho y la Carta de los Derechos Fundamentales.
