Una menor de 14 años, dependiente y con una doble condición de extrema vulnerabilidad —diabetes tipo 1 y discapacidad intelectual— ha quedado sin el apoyo que garantizaba su cuidado diario tras la retirada de la prestación CUME por parte de la mutua Asepeyo. La decisión, denunciada por la Asociación ASFACUME, sitúa a la familia en una situación límite sin apoyo para los cuidados constantes, intensivos y vitales que necesita.
El elemento más controvertido del caso es el argumento utilizado por la mutua: sostiene que la menor puede autocontrolar su enfermedad. Una afirmación que choca frontalmente con la realidad clínica y con los informes médicos oficiales, que certifican que la menor no solo requiere supervisión, sino atención directa y permanente.
“Su condición no deriva únicamente de la diabetes, sino de una discapacidad intelectual que le impide gestionar aspectos básicos de la vida diaria, y mucho menos una enfermedad que, sin control adecuado, puede tener consecuencias graves o incluso mortales”, explican desde ASFACUME, desde donde insisten en que lo que está en juego no es una interpretación técnica, sino la protección de una menor dependiente. “No estamos hablando de autonomía, sino de vulnerabilidad extrema”, advierten.
La familia acudió al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en busca de amparo, aunque su respuesta, lejos de corregir la situación, sin realizar siquiera un análisis independiente, ha amparado la decisión de la mutua.
El sistema, en lugar de proteger, deriva a la familia a un proceso judicial largo y costoso, obligándola a litigar para defender derechos ya reconocidos por los médicos de la propia sanidad pública.
Para ASFACUME, este caso evidencia un fallo estructural con consecuencias inmediatas y graves: una menor dependiente pierde el soporte necesario para garantizar su seguridad diaria, mientras su entorno familiar queda expuesto a una situación límite, tanto económica como emocional.
No es un caso aislado, sino representativo
La asociación alerta de que este caso no es aislado, sino representativo de una práctica cada vez más frecuente: mutuas que extinguen o deniegan prestaciones aplicando interpretaciones restrictivas de la normativa.
“Se está imponiendo un modelo paralelo en el que las mutuas, entidades privadas, reinterpretan la ley y cuestionan diagnósticos oficiales de los facultativos de la propia Seguridad Social”, denuncian. “Se está consolidando un sistema en el que la carga recae sobre familias exhaustas, que deben demostrar una y otra vez lo que ya está acreditado médicamente”.
ASFACUME exige la revisión urgente del caso, el restablecimiento de la prestación y una intervención real de los organismos públicos para frenar prácticas que, advierten, están dejando sin protección a menores con enfermedades graves y discapacidad.
La atención a estos casos, insisten, no puede depender de interpretaciones interesadas ni de la inacción institucional.
