Los siniestros viales forman parte de la vida cotidiana y, aunque nadie espera verse involucrado en uno, las posibilidades son más altas de lo que se cree. Un descuido al volante, una falla mecánica o incluso una infraestructura mal diseñada pueden desembocar en situaciones lamentables. En estos casos, además de las consecuencias físicas y emocionales, surge la cuestión de la compensación económica para las víctimas.
La manera en que se gestionan las indemnizaciones por accidentes de tráfico varía dependiendo de múltiples factores, desde la culpabilidad del conductor hasta la posible responsabilidad del Estado o de los fabricantes de vehículos.
Entre las causas más frecuentes de estos siniestros, el error humano se lleva la mayor parte de la estadística. Excesos de velocidad, distracciones con el celular, consumo de alcohol y drogas o simples errores de cálculo generan un alto porcentaje de choques, atropellos y vuelcos. Sin embargo, hay otras razones que pueden derivar en colisiones: desperfectos en los frenos, problemas de fábrica en los neumáticos o incluso semáforos mal sincronizados pueden generar tragedias evitables. Desde el estudio Oscar Molleda Aboado, indican que “Cada caso tiene sus particularidades y es determinante para definir quién asume el pago de la compensación correspondiente”.
Cuando se trata de defectos de fábrica, los fabricantes de automóviles pueden ser considerados responsables si se demuestra que una falla mecánica fue la causa del incidente. En estos casos, los damnificados pueden demandar a la empresa responsable por haber puesto en circulación un vehículo inseguro. Pero si el problema radica en la infraestructura vial, como señales deficientes, falta de iluminación o baches en la calzada, la carga puede recaer sobre el Estado, ya sea a nivel municipal, provincial o nacional. En esas situaciones, se deben presentar pruebas contundentes que acrediten que el desperfecto fue determinante y que no hubo una rápida respuesta de las autoridades para solucionarlo.
El proceso judicial para obtener una compensación varía según cada país. En muchos lugares, los casos se resuelven en tribunales civiles o especializados en tránsito, donde jueces analizan las pruebas y determinan si corresponde una indemnización y a cuánto debe ascender. También existen instancias de mediación, donde se busca un acuerdo entre las partes sin llegar a juicio. En estos escenarios, los abogados juegan un papel fundamental para garantizar que el accidentado reciba un monto acorde a los daños sufridos, tanto físicos como materiales.
Cuando es producto de un ataque terrorista, la situación se vuelve aún más compleja. En estos casos, no solo entra en juego la legislación de tránsito, sino también la penal y, en muchas ocasiones, tratados internacionales. La carga puede recaer en el Estado si se prueba que hubo fallas en las medidas de seguridad o si no se actuó de manera eficaz para prevenir la tragedia. Además, en algunos países existen fondos especiales para víctimas de atentados, lo que permite acceder a compensaciones sin necesidad de atravesar un largo proceso judicial.
Calcular la cantidad de dinero que corresponde a un damnificado no es una tarea sencilla. Se toman en cuenta múltiples factores, como la gravedad de las lesiones, los gastos médicos, la imposibilidad de trabajar durante la recuperación e incluso el daño psicológico. También influye si la persona queda con secuelas permanentes o si la familia debe asumir costos adicionales por su cuidado. En muchos casos, se establecen tablas de referencia con montos estimados según el tipo de lesión y las circunstancias del siniestro, pero cada caso es único y requiere un análisis detallado para evitar injusticias.
Si bien nadie quiere verse envuelto, conocer los derechos y los procedimientos para reclamar un pago es fundamental. Más allá de lo económico, estos procesos permiten que las víctimas encuentren cierto alivio y que los actores asuman las consecuencias de sus actos. La seguridad vial es un compromiso compartido entre conductores, fabricantes y el Estado, y la única manera de reducir el impacto de estos hechos es promoviendo una mayor conciencia en todos los niveles.
