La primera Jornada de Huelga del personal laboral de la Administración de Justicia el pasado 24 de mayo, tuvo un éxito rotundo, con un seguimiento del 90%, ya que aunque es un grupo muy heterogéneo, que engloba muy diversas disciplinas y categorías profesionales, todos ellos se muestran unidos, concienciados e implicados en conseguir unas justas condiciones laborales.
A pesar de ello, el Ministerio de Justicia sigue sin pronunciarse ante las reivindicaciones planteadas por los Equipos Técnicos Forenses y en general de todo el personal laboral de la Administración de Justicia, por lo que se convocan nuevas jornadas de huelga y se seguirán realizando concentraciones y manifestaciones en las principales capitales de provincia.
Los educadores, trabajadores sociales y psicólogos forenses intervienen en procedimientos judiciales como la violencia de género, agresiones sexuales, menores infractores, menores víctimas de malos tratos, guardas y custodias… elaborando informes periciales que posteriormente deben ratificar en los juicios en calidad de peritos.
Esta gran especialidad técnica y la responsabilidad de su trabajo nunca ha sido reconocido por la Administración, que durante más de treinta años ha ignorado las condiciones laborales de este colectivo, por lo que se han visto abocados a recurrir, por primera vez, a la huelga para reclamar, una vez más, que el Ministerio de Justicia les convoque urgentemente a una reunión para exponer detalladamente la precaria situación laboral en las que se encuentran y se negocien una serie de mejoras que, sin duda, también van a redundar en un mejor funcionamiento y calidad de servicio para los ciudadanos.
Las jornadas de huelga agravan el normal funcionamiento de la justicia, provocando que como consecuencia de ellas se hayan visto paralizados procedimientos en los que intervienen dichos profesionales, que son urgentes y no pueden demorarse en el tiempo, siendo los principales perjudicados los colectivos más vulnerables como los menores y víctimas de violencia de género, que a la vez son lo que requieren de una mayor protección dentro del engranaje judicial.
Por ello, se reclama a la Administración una rápida respuesta que solvente esta situación y no deteriore más el servicio público que prestan los equipos técnicos forenses.
