El proyecto de ampliación y reforma del Museo de Bellas Artes de Bilbao, impulsado bajo el nombre “Agravitas” por Norman Foster y Luis María Uriarte, ha desatado una polémica sin precedentes en el ámbito patrimonial y ciudadano. La reciente valoración de ICOMOS España, emitida el 5 de junio de 2025, alerta sobre graves riesgos para la integridad y autenticidad del edificio, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC). El informe critica la falta de respeto a los principios de mínima intervención y reversibilidad, y denuncia la ausencia de una evaluación de impacto patrimonial rigurosa.
Alertas internacionales y contradicciones institucionales
ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios), organismo consultor de la UNESCO en materia de patrimonio mundial, califica la intervención proyectada como una amenaza para el legado arquitectónico y cultural del museo. La consulta a ICOMOS fue realizada en marzo de 2025 por la Asociación Movimiento de Defensa Cívica del Museo de Bellas Artes de Bilbao, precisamente cuando el proyecto “Agravitas” se encontraba paralizado por el concurso de acreedores de una de las empresas constructoras.
Esta advertencia se suma a la emitida en 2021 por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, institución reconocida como órgano consultivo de la Administración del Estado en materia de patrimonio histórico español según la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Su informe, emitido a través de la Comisión de Patrimonio y Monumentos, ya advirtió sobre los riesgos del proyecto, considerando que la ampliación no respetaría la armonía del conjunto y perjudicaría el bien cultural. La Academia subrayó que el proyecto “fagocita por entero los edificios del museo”, superando los límites legales establecidos para la protección del patrimonio. La Ley de Patrimonio Histórico Español confiere a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando una función esencial en la protección y asesoramiento sobre el patrimonio, reforzando la relevancia y autoridad de sus dictámenes.
El Plan Especial para la ampliación del museo fue aprobado en noviembre de 2020 sin contar con el informe técnico oficial del Gobierno Vasco, documento imprescindible según la Ley 6/2019 de Patrimonio Cultural Vasco. Esta omisión, denunciada por la Asociación Movimiento de Defensa Cívica del Museo de Bellas Artes de Bilbao, pone en tela de juicio la legalidad y transparencia del proceso.
Un aval técnico cuestionado
La administración intentó suplir la ausencia del informe oficial con un documento elaborado por la Cátedra UNESCO de Paisajes Culturales y Patrimonio de la UPV/EHU, firmado por Agustín Azkarate, Arturo Azpeitia y Leandro Cámara. Sin embargo, la Cátedra UNESCO no representa a la UNESCO como institución internacional ni emite informes oficiales. Su valoración favorable contrasta radicalmente con la postura de ICOMOS, asesor oficial de la UNESCO, y con las alertas de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, órgano consultivo de referencia nacional.
La voz ciudadana frente a la desprotección patrimonial
La Asociación Movimiento de Defensa Cívica del Museo de Bellas Artes de Bilbao, respaldada por profesionales del ámbito académico, arquitectónico y artístico, ha sido la principal impulsora de la crítica al proyecto. La asociación reclama desde 2021 una evaluación de impacto patrimonial independiente y un proceso de participación ciudadana, recomendaciones también incluidas en el informe de ICOMOS.
Conclusión: un debate abierto sobre la legalidad y el futuro del museo Mientras la administración y la Cátedra UNESCO defienden la intervención como una renovación necesaria, los informes de ICOMOS y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando advierten sobre el peligro de dañar irreversiblemente el patrimonio. La ausencia del informe técnico oficial y la presión ciudadana abren un nuevo capítulo en el debate, dejando en el aire una pregunta fundamental: ¿se anteponen los intereses del proyecto a la protección legal y ética del patrimonio cultural?
