Informaciones publicadas en medios periodísticos y en redes, sobre la tramitación de la Pasarela al RETA actualmente en curso en el Congreso de los Diputados, contienen imprecisiones técnicas o errores manifiestos que pueden confundir a quienes las leen.
Las asociaciones ANMARQ, ANAMA y AMCO, que representan a miles de mutualistas arquitectos, aparejadores, arquitectos técnicos, abogados, y procuradores desean aclarar ante la opinión pública, la prensa, los autónomos del sistema público y la clase política que:
Los mutualistas sí han cotizado. Durante décadas, mucho. También han perdido gran parte de lo cotizado.
Lo explicamos: algunos artículos sugieren que los autónomos RETA, del sistema público “han cotizado toda la vida”, insinuando que los mutualistas no. Esta idea es radicalmente falsa. Generaciones de mutualistas han realizado aportaciones continuadas durante 40 años o más.
Otros comentaristas sostienen que “hemos pagado poco”. No es cierto. Sumadas todas las aportaciones por todas las prestaciones (es decir tal y como hacen los autónomos del RETA) en muchos casos nuestras aportaciones como mutualistas han sido superiores.
Gran número de mutualistas también hemos perdido el 50% o más de lo aportado para nuestras pensiones debido a incorrectas inversiones o quiebras técnicas de nuestras mutualidades, lo que no les ha sucedido a los autónomos RETA.
Como resultado de todo esto, pese a haber realizado aportaciones para pensiones iguales o superiores que los RETA, los mutualistas terminamos recibiendo pensiones que no alcanzan el 50% de la mínima del sistema público. El problema por tanto no son las aportaciones, sino la ausencia de derechos asociados a esas aportaciones.
Estar en una mutualidad ha sido para muchas generaciones una obligación legal, no una elección.
Con carácter general, hasta el día 1 de enero de 1999, y en algunos casos a partir de 1997, miles de profesionales no pudieron elegir el RETA. La mutualidad era la única vía para ejercer. Esta imposición ha impedido completar carreras de cotización, incluso a quienes se pasaron al RETA cuando pudieron hacerlo, generando una desigualdad objetiva frente al resto de trabajadores. Y además quienes se pasaron lo hicieron en condiciones económicas durísimas, como empezar de cero la vida laboral tras muchos años de trabajo o la pérdida de todo o casi todo lo aportado a la mutualidad, que hicieron desistir a la mayoría.
El coeficiente 0,77 que recoge la propuesta de Pasarela al RETA no es un privilegio, sino una corrección técnica.
El coeficiente propuesto en la proposición de ley no es, como se sugiere en algunos de los artículos publicados, un beneficio que se “regala” a los mutualistas, sino que sirve para compensar todas las contingencias excluidas, que ha disfrutado un RETA y no ha tenido un mutualista, incluso hasta hoy en día. Compensa las contingencias que el sistema público sí le cubrió al RETA y la mutualidad al mutualista no.
Además de todas esas contingencias excluidas, los mutualistas no pudieron acceder a la Sanidad Pública y gratuita hasta 2012, debiendo hasta esa fecha cubrir íntegramente su sanidad y sus medicinas al 100% pagándolas de su bolsillo, también la de su unidad familiar, en muchos casos, además de contribuir como el resto de los españoles vía IRPF al sostenimiento de la Sanidad Pública que se les negaba.
Un sistema justo debe reconocer el tiempo trabajado, las prestaciones y derechos disfrutados de forma efectiva, y es un hecho que los mutualistas han permanecido en un sistema fallido, como han reconocido públicamente en el Congreso todos los grupos políticos.
La imagen de los profesionales arquitectos, aparejadores, abogados o procuradores como clase privilegiada, “ricos”, no es real. Es un prejuicio social inaceptable y falso.
Actualmente, y desde hace ya mucho tiempo, el número de profesionales se ha multiplicado exponencialmente, gracias al acceso generalizado a la formación universitaria, de manera que la gran mayoría de los profesionales son trabajadores por cuenta propia o asalariados. Los ingresos medios de los profesionales mutualistas no son distintos ni mayores, e incluso son inferiores, a los de muchos autónomos. Son hoy por tanto trabajadores que, una vez en su tercera edad, no pueden subsistir con las pensiones que, a modo de simples planes financieros de pensiones, les adjudican sus mutualidades. Que hasta ahora el Estado no haya hecho frente a este problema no significa que el problema, muy grave, no existiera.
Exclusión discriminatoria e injusta de los jubilados: la parte más vulnerable queda fuera.
La propuesta actual del proyecto de ley no sólo excluye, como dan a entender varios artículos publicados, a quienes ya disponen de una pensión pública (lo que sería discriminatorio). Excluye a la totalidad de los mutualistas ya jubilados, sea de un Sistema Público, sea de una mutualidad, pese a que son aquellos para quien más sentido tiene la pasarela al RETA, ya que muchos perciben 300–400 euros mensuales de pensión, sin revalorización alguna, sin pagas extra y sin posibilidad de complementos a mínimos. Tan solo “salva” a los viudos, tal vez era ya insoportable excluirlos también a ellos.
Para que quede claro: a la parte más indefensa del colectivo, precisamente quienes más necesitan una pasarela justa, se les deja a su suerte.
Exclusión de quienes lleven ya 15 años en RETA o Régimen general:
La propuesta también excluye a quienes han cotizado 15 años en el RETA o RG, negándoles el reconocimiento de los años realmente cotizados y trabajados en la mutualidad. Esto supone una pérdida de derechos y una futura pensión muy inferior a la que correspondería por el total de años de la carrera real.
La Propuesta de Consenso: una solución técnica, viable y equilibrada:
Las asociaciones firmantes han presentado públicamente una Propuesta de Consenso que obra en poder de la Secretaría de Estado de Seguridad Social y de los políticos que forman la Comisión del Congreso para una Pasarela al RETA, pero que muchos artículos y reportajes publicados ni siquiera mencionan por ahora. Esta propuesta no supone ninguna pretensión de privilegio respecto a los autónomos ya que:
- Garantiza la viabilidad y la sostenibilidad financiera,
- Se basa en recibir pensión por lo que se aporte a la pasarela,
- Equipara derechos y obligaciones con el resto de autónomos,
- Y es menos exigente que soluciones ya aprobadas para otros colectivos como deportistas o becarios.
Es decir, la propuesta pide los mismos derechos, y por supuesto las mismas obligaciones, ni más ni menos, que los autónomos RETA y el resto de los españoles.
Exigencia de igualdad, no de privilegios.
Los mutualistas no solicitan ventajas ni tratos de favor. Reclaman:
- Igualdad de derechos. Todos los españoles iguales ante la ley.
- Restitución de derechos económicos y políticos,
- Transparencia y democracia interna en las mutualidades,
- Y una reforma completa y universal , justa, ajena a posturas mediáticas y efectiva a partir del 20 de mayo.
La desnaturalización de las asambleas de las mutualidades y la falta de transparencia en la gestión de nuestros fondos han derivado en una crisis social que no puede cerrarse con una reforma «a medias». El momento es ahora y los mutualistas no podemos seguir esperando.
