Aunque aún es pronto para anticipar el impacto de la normativa, mientras medios más conservadores presentan un panorama dramático, empresas como Just Eat, favorables a la ley desde el principio, explican en un informe cómo no solo el sector no ha colapsado como auguraban algunos actores, sino que ha seguido experimentando crecimiento (con un aumento de facturación del 15,9% de Just Eat) y más importante, las condiciones laborales de los trabajadores han mejorado sustancialmente, que era al fin y al cabo, el objetivo de la ley.
La Ley 12/2012, de 28 de septiembre, que modifica el Estatuto de los Trabajadores, recoge dos medidas principales. Por un lado, la presunción de la laboralidad de los repartidores, es decir, considerarlos empleados con derechos laborales, algo que algunas plataformas disputaban al identificarse como meros intermediarios digitales, refutadas por la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de septiembre de 2020. Por otro lado, esta ley establece el derecho de todos los trabajadores a la transparencia algorítmica, es decir, a conocer cómo les afectan los sistemas de inteligencia artificial utilizados por la empresa.
El punto de vista de los mayores implicados
Una de las mayores preocupaciones de los repartidores eran los posibles efectos de la laboralización en la contratación. Las noticias son buenas, ya que desde la implementación de la ley se ha duplicado el número de trabajadores con contrato, con una mejora también cualitativa dado el porcentaje de contratos indefinidos (un 97,78%), bajando el número de temporales. Sin embargo, el efecto más importante de la laboralización de los trabajadores ha sido la reducción de la precariedad, ya que la empresa es responsable de cubrir los derechos laborales de sus repartidores, como el salario mínimo, vacaciones retribuidas, maternidad, prestaciones como desempleo y jubilación, habiéndose dado en el último año un incremento de 4,7 millones de euros en cotizaciones empresariales del sector.
Una particularidad de la nueva ley, es el principio de transparencia algorítmica que esta recoge como derecho para todos los trabajadores, no solo los repartidores. A raíz de la normativa, el Ministerio de Trabajo publicó en mayo una guía práctica creada junto a expertos en inteligencia artificial como Eticas, para facilitar a las empresas la implementación de la información algorítmica. Esta semana, Eticas ha puesto a disposición de los sindicatos esta herramienta que recoge en un único documento las obligaciones y derechos que existen sobre esta materia, basados en el Reglamento General de Protección de Datos y la «ley rider», además de una lista de 16 preguntas que sirven como guía de cómo informar a los trabajadores sobre el uso de algoritmos que afecten a sus condiciones laborales.
Una ley pionera en Europa
La «ley rider», pionera en Europa, se erige como modelo normativo, pero no está exenta de voces críticas que surgen de ambos lados del espectro. Por un lado, hay repartidores que reclaman que no haya un máximo de horas, aunque los abusos de la subcontratación se hicieron más que tangibles con la muerte de un repartidor de Glovo de origen nepalí en mayo del 2019. Otros repartidores consideran la ley como insuficiente, ya que por ejemplo deja al descubierto a un colectivo vulnerable como son las personas no regularizadas. También reclaman que la laboralización se extienda a trabajadores de otras plataformas digitales, como recoge la recomendación europea, y que se mejore la implementación y se penalice a empresas infractoras como Glovo, que además de atentar contra los derechos de sus trabajadores, incurren en competencia desleal.
El experto en economía digital Nick Srnicek califica como «capitalismo plataformizado» al modelo de negocio basado en circunvalar derechos laborales que tienen algunas plataformas digitales. La competitividad e innovación son motores importantes de nuestra sociedad, pero nunca lo deben ser a costa de socavar derechos, que siempre deben estar por encima de cualquier gestión algorítmica que afecte a las condiciones laborales de los trabajadores.