La asociación exige mayor protección al consumidor y denuncia un retroceso en seguridad jurídica al eliminarse esta medida clave del proyecto legislativo.
Sevilla, septiembre de 2025 — La Junta Directiva de GIPE (Gestores Inmobiliarios Profesionales Europeos), segunda asociación más antigua de España en representación del sector, ha manifestado públicamente su profunda preocupación ante las recientes iniciativas legislativas que, bajo la apariencia de flexibilizar el mercado inmobiliario, suponen en realidad un serio retroceso en la protección al consumidor y en la seguridad jurídica de las transacciones.
En el contexto de la nueva Ley de Vivienda de Andalucía, GIPE denuncia que el Registro obligatorio de operadores inmobiliarios, que figuraba inicialmente en el anteproyecto de ley, ha sido eliminado en el texto actualmente en tramitación. Esta medida, según la asociación, no solo representaba un avance en la profesionalización del sector, sino también una garantía básica para los ciudadanos.
«Eliminar esta obligatoriedad es una oportunidad perdida y deja al consumidor más expuesto frente a la actuación de intermediarios sin formación ni compromiso profesional. Las comunidades que ya han implementado registros obligatorios han comprobado mejoras notables en transparencia, calidad de servicio y seguridad jurídica», afirma la Junta Directiva de GIPE.
Un sector con obligaciones, pero sin herramientas de control
En un entorno regulado por estrictas normativas sobre blanqueo de capitales, protección de datos, transparencia fiscal y responsabilidad profesional, GIPE subraya la asimetría competitiva que se genera al permitir operar a empresas no registradas ni supervisadas. Mientras que los profesionales inscritos cumplen con sus obligaciones bajo riesgo de sanción, resulta imposible garantizar el cumplimiento por parte de actores ajenos al sistema regulado.
«La vivienda es un derecho constitucional y una necesidad básica. No se puede permitir que las familias y ciudadanos que confían sus ahorros a un profesional queden en manos de intermediarios oportunistas sin garantías ni controles», señala la asociación.
Llamamiento al Parlamento andaluz
GIPE exige formalmente que, en el proceso parlamentario de tramitación del proyecto de ley, se restituya la obligatoriedad del Registro de operadores inmobiliarios, adecuando sus requisitos a los principios de no discriminación y libre competencia, pero sin renunciar a establecer un marco de calidad, ética y transparencia para el sector.
«Reclamamos a los poderes públicos que prioricen la protección del consumidor por encima de cualquier otra consideración. Un mercado inmobiliario serio, profesional y justo necesita reglas claras y actores regulados», concluye la entidad.
Compromiso institucional
La Junta Directiva de GIPE continuará dialogando con instituciones, partidos políticos y administraciones para asegurar que la ordenación del sector inmobiliario responda al interés general y no a intereses coyunturales. La asociación reitera su disposición a colaborar en la construcción de un marco normativo que refuerce la confianza ciudadana en el mercado inmobiliario y en la figura del gestor profesional.
