El inicio de la “nueva normalidad” ha supuesto también la vuelta a la normalidad en los pagos. Desde el pasado día 21 de junio, las comunidades autónomas son las responsables de establecer las normas, restricciones y medidas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria.
En lo que respecta a los medios de pago, la gran mayoría de las comunidades ha evitado desaconsejar el uso del dinero en efectivo, aunque en algunas se continúa fomentando el pago con tarjeta como el principal método para los pagos sin contacto. Una recomendación que puede llevar a interpretaciones erróneas ya que, en este sentido, es importante remarcar que es igualmente posible realizar pagos sin contacto con efectivo si se realizan, por ejemplo, mediante la disposición de bandejas en las que depositar el dinero y con la correcta desinfección posterior como sucede con los TPV.
De toda la geografía española, solamente cinco comunidades autónomas (Extremadura, Islas Baleares, La Rioja, Cantabria y Andalucía – refiriéndose tan solo a espectáculos taurinos -) establecen recomendaciones para evitar (en la medida de lo posible) el uso del dinero en efectivo como instrumento de pago. Unas directrices que se contradicen con los estudios desarrollados en las últimas semanas tanto desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) como desde el Banco Central Europeo (BCE). La autoridad sanitaria ha hecho públicas sus investigaciones en las que concluye que no hay evidencia científica de contagio de Covid-19 a través del contacto con objetos.
Por su parte, la institución bancaria ha declarado que, de sus trabajos con los principales laboratorios europeos, se observa que los billetes no representan un riesgo de infección particularmente significativo en comparación con otras superficies con las que estamos en contacto en nuestro día a día. Por tanto, y según recomienda la OMS, lo relevante sigue siendo mantener unas adecuadas medidas de higiene personal, independientemente del método de pago utilizado.
Por todo ello, se anima a las 5 comunidades autónomas que limitan de algún modo los pagos en efectivo a reconsiderar su posición dado el impacto negativo que estas restricciones causan en el comercio de proximidad y en los colectivos más vulnerables. Conviene recordar también al resto de comunidades que el dinero en efectivo es un método de pago seguro, con una porosidad mayor que la del plástico de las tarjetas y, por tanto, con un riesgo para la transmisión incluso menor.
Los riesgos de limitar el uso del efectivo.
El efectivo es un medio de pago universal e inclusivo que favorece la confianza de un gran número de ciudadanos tal y como confirman los datos del Barómetro sobre Hábitos y Percepción de los Ciudadanos respecto al Pago en Efectivo que señalan que un 74% de los españoles opta por el efectivo para hacer frente a sus gastos diarios, principalmente en tiendas pequeñas o de barrio, y hostelería.
Limitar su uso tiene importantes consecuencias que han de tenerse en cuenta:
• Ralentiza la recuperación del comercio de proximidad: la limitación del uso de efectivo impacta de forma directa en la competitividad de los pequeños, que en una situación ya de por sí especialmente crítica se verían obligados a realizar inversiones adicionales en plataformas de pago. En este sentido conviene recordar que pagar y cobrar con tarjeta de débito tiene de media un coste 2,8 veces mayor para los consumidores y los comercios de todo el mundo que hacerlo en metálico.
• Impacta en los colectivos más desfavorecidos: en España existen 3,3 millones de parados y 12,3 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social; tal y como se ha manifestado desde el Observatorio Sectorial de la Seguridad Privada, limitar su uso impacta de forma muy directa en los colectivos más desfavorecidos de la sociedad con un bajo nivel de bancarización, que dependerían para los actos de su economía doméstica de la decisión de las entidades bancarias o de los grandes proveedores de Internet.
• Afecta a los pensionistas: afecta muy directamente a los más de 9 millones de pensionistas, de los que más de 2 millones no viven acompañados, y que desde siempre realizan sus pagos y operaciones comerciales de forma muy mayoritaria mediante dinero físico. Supone, igualmente, una dificultad para la población más joven aun sin bancarizar y, por tanto, sin acceso a las tarjetas bancarias.
• Coarta la libertad: condiciona la libertad de aquellos ciudadanos que no quieren asumir los costes adicionales que implica tener y mantener una tarjeta bancaria, de quienes atribuyen una especial relevancia a su privacidad o de quienes controlan de forma más eficiente su economía familiar mediante el uso del efectivo. Eliminar el efectivo supone más coste y menos control del gasto para las familias, más monitorización de su vida y tener más deudas con los bancos.
En definitiva, dificultar el uso del efectivo significa optar por la progresiva eliminación del único medio de pago público y acelerar la completa privatización de este ámbito de actividad. Además, la dispersión de criterios existente en todo el territorio nacional genera confusión entre la ciudadanía y dificulta el correcto funcionamiento de los flujos económicos.
