La Coordinación de Actividades Empresariales (CAE) es un procedimiento regulado por la legislación laboral que tiene como objetivo garantizar la seguridad y salud de los trabajadores cuando en un mismo centro de trabajo coinciden empleados de diferentes empresas. Este mecanismo busca prevenir riesgos laborales derivados de la interacción entre actividades, optimizando la comunicación y la organización entre las partes implicadas.
La aplicación de la CAE en comunidades de propietarios es un ejemplo frecuente, ya que en estos entornos pueden coincidir empresas de mantenimiento, limpieza, jardinería o reparación. La coordinación permite que cada compañía conozca las medidas de seguridad existentes y las responsabilidades que asume al desarrollar su trabajo, evitando incidentes y mejorando la eficacia en las intervenciones.
El sistema de este procedimiento está destinado a todas las empresas y autónomos que realicen trabajos en un espacio donde operen otras entidades. Esto incluye tanto a contratistas como subcontratistas y empresas principales, sin importar el tamaño o el sector. La normativa establece que, cuando exista esta concurrencia, debe designarse un responsable de coordinación, recopilar la documentación preventiva necesaria y verificar que todos los intervinientes cumplen con las disposiciones legales.
Su funcionamiento se basa en un intercambio estructurado de información. Antes de iniciar las actividades, las empresas involucradas deben facilitar datos sobre sus riesgos laborales específicos, los procedimientos de trabajo y las medidas preventivas aplicables. Este intercambio puede realizarse a través de reuniones, plataformas digitales o mediante documentación física. Durante la ejecución de los trabajos, la coordinación se mantiene activa, actualizando datos y supervisando el cumplimiento de las normas de seguridad.
La CAE se debe aplicar en cualquier situación en la que existan riesgos por interferencia de actividades. Ejemplos habituales incluyen obras de construcción en edificios donde siguen operando oficinas, tareas de mantenimiento en fábricas en funcionamiento o servicios externos en hospitales. La ley también contempla su obligatoriedad en casos en los que una empresa cede parte de su centro de trabajo a otra, independientemente de que exista un contrato mercantil entre ellas.
Su necesidad radica en la reducción de accidentes laborales y en el cumplimiento normativo. La ausencia de coordinación aumenta la probabilidad de que se produzcan incidentes, ya que cada empresa puede desconocer los riesgos generados por la otra. Además, el incumplimiento puede derivar en sanciones económicas y responsabilidades legales para las compañías implicadas. En este contexto, desde Datapro Consulting, explican: “Por ello, las organizaciones invierten en herramientas y procesos que faciliten esta gestión, desde plataformas de intercambio documental hasta formaciones específicas para sus equipos”.
La implementación efectiva de la CAE no solo responde a una exigencia legal, sino que también promueve entornos laborales más organizados y seguros. Las empresas que la aplican de forma rigurosa logran una mejor planificación de las tareas, optimizan sus recursos y fortalecen la confianza con clientes y proveedores. Este trabajo conjunto, basado en la transparencia y la prevención, contribuye a una cultura empresarial más responsable y comprometida con la protección de las personas.
