La Ley de Segunda Oportunidad, vigente en España desde 2015, ofrece a particulares y autónomos la posibilidad de cancelar deudas insostenibles y comenzar de nuevo. Este mecanismo legal se ha convertido en una herramienta clave para quienes enfrentan situaciones económicas adversas, permitiéndoles reestructurar su situación financiera y recuperar la estabilidad.
Abogados especialistas en Ley de Segunda Oportunidad en Madrid destacan que, para acogerse a este procedimiento, es necesario cumplir con ciertos requisitos. En primer lugar, el solicitante debe ser una persona física, ya sea particular o autónomo. Además, debe encontrarse en situación de insolvencia actual o inminente, es decir, no poder cumplir regularmente con sus obligaciones de pago. Otro requisito esencial es tener deudas con más de un acreedor, como entidades bancarias, proveedores o administraciones públicas. Asimismo, se exige que el deudor actúe de buena fe, lo que implica no haber sido condenado por delitos económicos y haber intentado previamente un acuerdo extrajudicial de pagos.
Este mecanismo legal ha experimentado un crecimiento sostenido en su aplicación. En 2023, más de 10.600 personas en Cataluña se acogieron a este procedimiento, lo que representó el 25 % del total nacional. Esta cifra evidencia que cada vez más ciudadanos recurren a este recurso para liberarse de una carga financiera que no pueden asumir.
El proceso se inicia con la solicitud de un acuerdo extrajudicial de pagos, que busca un consenso con los acreedores para reorganizar la deuda. Si no se alcanza ese acuerdo, se activa el procedimiento concursal, que puede terminar con la exoneración del pasivo insatisfecho, es decir, la cancelación de las cuentas no cubiertas. “Tras la reforma de 2022, los plazos se han acortado y los costes se han reducido, lo que ha facilitado el acceso al mecanismo para un mayor número de personas”, comentan en Olvida tus Deudas.
Contar con asesoría profesional especializada es clave para afrontar el proceso con garantías. Los abogados expertos se encargan de analizar la situación financiera del solicitante, reunir la documentación necesaria, negociar con los acreedores y representar legalmente al cliente durante todo el procedimiento. Su intervención no solo asegura el cumplimiento de los requisitos legales, sino que también optimiza las opciones de obtener la exoneración. Además, ayudan a evitar errores comunes que podrían alargar el proceso o generar rechazos por parte del juzgado. La experiencia de estos profesionales marca una diferencia importante en los resultados finales.
Otro aspecto relevante de esta ley es que permite cancelar hasta 10.000 euros en deudas con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social, una medida especialmente significativa para los trabajadores autónomos. No obstante, esta cancelación parcial está sujeta a condiciones específicas y al cumplimiento estricto de los criterios que establece la normativa vigente.
La aplicación de este instrumento no solo representa una salida para quienes atraviesan dificultades económicas, sino que también tiene un impacto positivo en el conjunto del sistema. Permite que personas sobreendeudadas puedan volver a participar en la actividad económica, mejorar su situación laboral y contribuir nuevamente al tejido productivo. Se trata de una herramienta pensada para restaurar oportunidades y reducir el estancamiento personal y financiero que genera el endeudamiento crónico.
El crecimiento constante de los procedimientos vinculados refleja la necesidad de ofrecer soluciones eficaces ante situaciones financieras difíciles. Las reformas recientes y la mayor divulgación de sus beneficios han contribuido a que más ciudadanos puedan acceder a este derecho con respaldo jurídico y orientación profesional. Apostar por este recurso puede significar un punto de inflexión para quienes desean reconstruir su futuro con responsabilidad y apoyo legal.
