Barcelona es una plaza compleja para el alquiler tradicional. La afluencia diaria de nuevos habitantes a la ciudad condal combinada con la retirada de la oferta de producto residencial de en régimen de arrendamiento ha llevado a la ciudad a un punto de tensión no visto anteriormente, explica el empresario catalán Antonio Orellana.
Orellana, que tras su trayectoria en el mercado inmobiliario, asesorando a fondos de inversión, y diferentes proptechs que operan en el mercado nacional, se muestra crítico con las últimas legislaciones que ha aplicado el gobierno central y la Generalitat.
Las medidas aplicadas generan la suficiente inseguridad jurídica para evadir a los inversores inmobiliarios, estos dirigen la inversión a otras ciudades con mayor crecimiento como es el caso de Madrid, que pese verse afectada por la ley de vivienda aplicada por el gobierno central, la aplicación de esta ley es más laxa que en la comunidad autónoma catalana.
La retirada de la inversión “buy to rent” en la ciudad condal no permite el acceso a la vivienda a las clases menos acomodadas tras el traspaso de la responsabilidad en medidas de vivienda al capital privado. Desde el sector inmobiliario se considera necesaria la desregulación del mercado de alquiler para incentivar la entrada de producto residencial en arrendamiento de nuevo en la capital catalana, sin una desregulación de este mercado no es viable atraer inversores que ofrezcan su producto en alquiler y se dinamice el mercado como había sido normal en los años anteriores. La inseguridad jurídica en el mercado del alquiler hace que los inversores marquen una estrategia de desinversión en el mercado residencial catalán y busquen otras alternativas, traspasando el producto de alquiler a producto de venta de segunda mano.
Igualmente es necesario llevar a cabo la construcción de más viviendas nuevas de protección oficial para nutrir de oferta el mercado especialmente al de los barceloneses con situaciones menos acomodadas, es imprescindible que la puesta en marcha de esta medida se lidere por la administración pública, pues el resultado del traspaso de esta responsabilidad por parte de la administración pública al capital privado solo ha conseguido frenar la inversión en residencial de nueva construcción en la ciudad de Barcelona llevando a ésta a otros municipios dejando a la ciudad de Barcelona sin construcción de viviendas nuevas durante varios años.
