Cuando una persona o una empresa debe afrontar un procedimiento judicial, es habitual que surjan dudas sobre qué profesionales necesita y qué función cumple cada uno. En España, el procurador tiene un papel específico dentro de la Administración de Justicia: representa procesalmente a sus clientes y se ocupa de buena parte de las gestiones necesarias para que el procedimiento avance ante los juzgados. Su trabajo se desarrolla en coordinación con el abogado, aunque ambos profesionales tienen responsabilidades diferentes.
Quienes buscan un despacho de procuradores en Madrid, Guadalajara y Toledo pueden recurrir a estos profesionales para contar con representación procesal en los tribunales y seguimiento de las actuaciones judiciales. Actúa como enlace entre el cliente, su abogado y el órgano judicial, recibe notificaciones, presenta escritos y controla los plazos del procedimiento. Esta función permite que la persona representada no tenga que ocuparse directamente de cada trámite procesal.
Una de sus principales tareas es representar al cliente ante el juzgado cuando la normativa exige o permite su intervención. También se encarga de recibir comunicaciones judiciales, presentar documentación y escritos, gestionar determinados trámites y mantener informado al abogado sobre las actuaciones que se producen en el expediente. El seguimiento de los plazos es otro aspecto relevante, ya que una presentación fuera de término puede tener consecuencias dentro de un procedimiento.
También puede participar en actuaciones relacionadas con la ejecución de resoluciones judiciales. Esto incluye, según el caso, realizar gestiones para que una sentencia pueda hacerse efectiva, intervenir en procedimientos de ejecución y participar en determinadas actuaciones vinculadas con bienes o cantidades pendientes. Además, la profesión se encuentra cada vez más vinculada a herramientas digitales que permiten agilizar comunicaciones y trámites.
Una diferencia fundamental respecto del abogado está en la naturaleza de su trabajo. El abogado es el profesional encargado de asesorar jurídicamente al cliente y de diseñar la estrategia de defensa o reclamación. Analiza el caso, interpreta las normas aplicables y prepara los argumentos jurídicos que se utilizarán durante el procedimiento. El procurador, por su parte, desarrolla principalmente la representación procesal y la gestión de las actuaciones ante los órganos judiciales.
Esto no significa que uno sustituya al otro. En los procedimientos en los que intervienen ambos, sus funciones son complementarias. Mientras el abogado se concentra en la defensa jurídica, el procurador realiza el seguimiento procesal y mantiene la comunicación formal con el juzgado. “Esta coordinación puede resultar especialmente útil cuando un procedimiento implica numerosos escritos, notificaciones y plazos”, afirman desde el despacho de Ana Teresa Díaz Melguizo, Procuradora de los Tribunales.
La dimensión de esta actividad se entiende mejor al observar el volumen de trabajo de los tribunales. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, durante 2025 los órganos judiciales españoles recibieron 7.550.806 asuntos y resolvieron 7.437.033. A finales de ese año quedaron 4.673.596 asuntos en trámite, un 3,4 % más que en 2024. En Madrid, además, la tasa de litigiosidad alcanzó los 166,46 asuntos por cada 1.000 habitantes, por encima de la media nacional de 153,70.
La transformación digital también está modificando la manera de trabajar de estos profesionales. En junio de 2026, el Consejo General de Procuradores de España y el Consejo General del Notariado firmaron un convenio que permite consultar de forma telemática determinados poderes notariales para pleitos. Según el CGPE, cerca de 10.000 profesionales están en ejercicio en España y durante 2025 se otorgaron alrededor de 150.000 poderes notariales para pleitos.
Comprender qué hace cada profesional permite afrontar un procedimiento judicial con mayor claridad. La intervención coordinada puede facilitar la gestión del expediente y ayudar a que cada aspecto del proceso sea atendido por quien corresponda. Para quienes deben acudir a la Justicia, contar con orientación profesional desde el comienzo puede aportar tranquilidad y permitir que las decisiones se tomen con mayor información.
