En Alicante, quien alimenta y lleva al veterinario a los gatos de la calle son, sobre todo, las vecinas y vecinos que lo hacen cada día, con su tiempo y su dinero. La ley dice que esa responsabilidad es municipal. Lo dice la ley valenciana, en vigor en marzo de 2023, y lo repite la ley estatal, en vigor desde septiembre de ese mismo año. Más de tres años y medio después, el Ayuntamiento no ha cumplido ninguna de las dos.
No lo dicen las protectoras. Lo reconoce el propio Consistorio por escrito: «se está empezando a dar los pasos necesarios» para elaborar el Programa de Gestión Integral de Colonias Felinas al que obliga la ley desde marzo de 2023. Empezando. En septiembre de 2026.
Esto es lo que falta, según los propios documentos municipales:
• Programa de Gestión de Colonias Felinas. No está aprobado. El Ayuntamiento se refiere a él como un «desarrollo futuro».
• Censo. No hay censo: el Ayuntamiento dice que está «actualmente en elaboración».
• Protocolos. Se pidieron en marzo los de gatos enfermos o heridos, colonias en terrenos privados, reubicaciones y emergencias. No se entregó ninguno.
• Atención veterinaria. El Ayuntamiento solo menciona «tratamientos veterinarios a gatos de colonias registradas», sin precisar cuáles son esas colonias, ya que no hay censo.
• Lugar de acogida temporal. La ley exige un espacio para retirar temporalmente a los animales en caso de necesidad. Se preguntó dónde está y el Ayuntamiento no identificó ninguno.
«Nos contestan que no tienen personal. Nosotras tampoco, y lo hacemos»
Ambas asociaciones llevan meses pidiendo explicaciones. En marzo de este año solicitaron 19 bloques de documentación. El Ayuntamiento «estimó» la solicitud, pero no entregó ninguno de los documentos pedidos: se limitó a transcribir un informe interno que no respondía a ninguno de los puntos, por lo que se reclamó al Consell Valencià de Transparència. En mayo, la asociación presentó cuatro solicitudes de información más. La ley da un mes para responder; el Ayuntamiento tardó casi cuatro. Dos las despachó con un enlace a su web de contratación y las otras dos las inadmitió. Para rechazar la que pedía los datos 1de expedientes sancionadores en materia de protección animal se apoyó en este argumento: «actualmente no disponemos de personal que pueda dedicarse» a elaborar los listados.
«Nos dicen que no tienen personal para darnos unos datos. Nosotras tampoco tenemos personal, ni presupuesto, ni sueldo, y salimos cada noche a hacer lo que les corresponde a ellos. Eso no es una respuesta, es reírse de nosotras», afirma Conchi Llinares, portavoz de ACOFAL
Sin Programa, pero con medios para retirar puntos de alimentación
Para lo que sí hubo personal fue para retirar puntos de alimentación de las colonias de los parques de El Palmeral y la Ereta. Las asociaciones denunciaron públicamente en marzo la retirada de comederos, bebederos y refugios felinos, que las cuidadoras reponían y volvían a desaparecer. El propio Ayuntamiento admite que esas actuaciones se llevaron a cabo por otro departamento municipal «sin conocimiento ni previo aviso» de Sanidad.
Es decir, un departamento municipal desmantelaba lo que otro debería estar protegiendo. Y así todo. «El Ayuntamiento nos convoca a jornadas impartidas por empresas de eventos de Madrid para examinar a quienes llevamos años en Alicante haciendo su trabajo, sin haber aprobado siquiera el Programa que debería regularlo todo. Que cumpla primero, que haga su parte y luego hablamos», señala Antonio Ripoll, presidente de Felinos Lo Morant.
El plazo ya corre
Las dos entidades han requerido formalmente al Ayuntamiento para que, en un plazo de tres meses, apruebe el Programa, complete el censo, garantice la atención veterinaria de los gatos comunitarios y deje de retirar puntos de alimentación sin el procedimiento que exige la ley. Si el plazo vence sin resultados, acudirán a los tribunales. «Hay una diferencia entre no poder cumplir y no querer hacerlo, y tres años y medio de retraso ya no dejan lugar a dudas. Toda la paciencia se ha agotado. El Ayuntamiento de Alicante tiene tres meses para cumplir la ley», explica Eloi Sarrió, el abogado animalista que representa a ambas entidades.
