La Asociación Nacional de Agencias de Detectives Privados de España (ANADPE) ha mostrado su conformidad ante el hecho de que la Seguridad Social haya externalizado, mediante concurso público, iniciativas a través de colaboración público-privada (tal y como la propia ley 5/2014 de Seguridad Privada que regula la profesión de detective privado, menciona en su preámbulo) en la lucha contra el fraude y se ponen a disposición de las Administraciones Públicas para que sus esfuerzos y pruebas puedan servir, de forma gratuita, para colaborar con ello.
En el ejercicio de sus funciones, y como ya vienen haciendo con las distintas Policías, los detectives privados disponen, con frecuencia, de pruebas que sirven en juicios para que aseguradoras, mutuas o incluso jueces de juzgado de familia, por poner un ejemplo, dispongan de toda la información para poder dictar sentencia.
“Con la regulación actual, si en el transcurso de nuestras investigaciones descubrimos un delito, es nuestra obligación legal comunicarlo. Con la Policía disponemos de un canal que ha servido para desarticular redes de narcotráfico, delitos contra menores o incluso casos de maltrato. Sin embargo, con Hacienda, Seguridad Social o incluso con el Inem no tenemos esa facilidad y creemos que puede ser el momento para abrir ese canal que podría servir para denunciar fraudes que quedan demostrados en juzgados, pero que no traspasan ese filtro hacia la Administración. Se podrían aprovechar así recursos que los detectives privados facilitarían gustosos y sin coste alguno para las arcas del Estado, para la mitigación del fraude que afecta a la sociedad en su conjunto y que pagamos todos” explican desde la ANADPE.
Ponen el ejemplo de personas que están cobrando el paro cuando queda demostrado, en un juzgado de familia, que realmente sí están trabajando, o el caso de pacientes que se demuestra que no tienen una gran invalidez en un juicio con una aseguradora y que, sin embargo, tras el juicio, siguen cobrando una pensión por tal hecho.
Y es que, las evidencias aportadas por los detectives privados son de uso legal por parte de la Administración para, llegado el caso, poder imponer las sanciones pertinentes ante los fraudes acreditados, tal y como demuestra el exitoso uso que las Mutuas dependientes del INSS hacen ya a diario de los informes de detectives a través de asignaciones por concursos públicos.
“Si bien otros operadores, pueden actuar en la fase analítica y de pre detección del fraude, tan solo los despachos de detectives legalmente habilitados, tal como aparece en la ley 5/2014 podrían aportar y obtener informaciones y pruebas según consta en el artículo 48. De ahí la importancia de poder colaborar directamente aportando todos los informes de fraude disponibles para evitar a la Administración pagos que no corresponden como así lo deja patente, en otro campo, un juez” concluyen.
