El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía ha dictado una Resolución que implica dejar desierto, de forma definitiva, el último concurso público desarrollado para la adjudicación de los servicios de ambulancias y de transporte sanitario en la provincia de Sevilla, procedimiento en el que se excluyó a la empresa sevillana Ambulancias Tenorio y se determinó la adjudicación del mismo a la empresa SSGA.
A partir de esta resolución emitida por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, ahora el Servicio Andaluz de Salud deberá iniciar un nuevo procedimiento para adjudicar la prestación en Sevilla de los servicios de transporte sanitario, teniendo en cuenta que la única vía que tiene en su mano la administración y las empresas es la de un recurso contencioso administrativo, procedimiento cuya duración y complejidad impediría una adjudicación en un plazo lógico.
La resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía ha aceptado las tesis de Ambulancias Tenorio tras la interposición por parte de los servicios jurídicos de esta empresa de un “incidente de ejecución”. En el mismo se establece que el cambio de criterio que el órgano de contratación por el que se proponía a SSGA como adjudicataria había sido contrario a derecho y contradecía expresamente un anterior pronunciamiento del Tribunal.
Finalmente, el Tribunal ha dado la razón a Ambulancias Tenorio estableciendo que las actuaciones del Órgano de contratación suponen “un inadecuado cumplimiento de la resolución de este Órgano especial de recursos contractuales; o si se quiere una revisión indirecta de la misma expresamente prohibida por el artículo 59 de la LCSP”. Por lo que el Tribunal estima el incidente de ejecución promovido por Ambulancias Tenorio
Desde los servicios jurídicos de Ambulancias Tenorio se ha transmitido su conformidad con la sentencia que “viene a darnos la razón tanto en el fondo como en las formas en las que se estaba llevando a cabo esta licitación”, entendido por parte de los letrados que “desde hace meses hemos asistido a un conjunto de catastróficas decisiones que, una a una, han sido enmendadas por el Tribunal Administrativo”.
