El Ayuntamiento de Cádiz acumula una deuda de 271.406,80 euros con Global Servicios, la empresa concesionaria que, en la actualidad, da empleo a 15 personas con discapacidad en distintos espacios culturales y museísticos de la ciudad.
Esta deuda no solo compromete la estabilidad económica de la empresa, sino también la continuidad laboral de estos trabajadores con discapacidad, que desempeñan funciones clave en espacios como el Museo del Títere, el Espacio Cultural Contemporáneo, la Sede de Delegación, y el Castillo de Santa Catalina, entre otros.
Esta situación, además, amenaza con desmantelar un proyecto social que ha sido crucial para la inserción laboral del colectivo y su integración en la sociedad.
Una deuda que se agrava desde 2023
El conflicto se remonta a julio de 2023, cuando expiró el contrato firmado entre el Ayuntamiento y Global Servicios bajo el expediente 2019/000035, relativo a la atención al público en la Casa del Carnaval y Museos. A pesar de la finalización del contrato, la empresa continuó prestando sus servicios por indicaciones directas del Ayuntamiento, que no formalizó una prórroga ni un nuevo expediente de contratación.
Desde entonces, Global Servicios ha continuado emitiendo las facturas correspondientes a los servicios prestados, que no han sido abonadas de manera regular. En 2023, el ayuntamiento realizó pagos parciales vía contencioso administrativo al tiempo que rechazó la actualización de precios propuesta por Global Servicios para ajustarse al encarecimiento de los costes laborales.
Las facturas correspondientes a la prestación de los servicios efectuados en 2024, tampoco han sido abonadas, a pesar de las reiteradas reclamaciones por parte de la empresa afectada.
Por todo ello, la empresa afectada se ha visto obligada a interponer nuevos contenciosos administrativos para exigir el abono de las cantidades adeudadas que ya alcanzan los 271.406,80 euros.
Consecuencias laborales y legales
La situación ha llevado a Global Servicios a considerar medidas drásticas, como el despido del personal con discapacidad y las pertinentes reclamaciones legales por daños y perjuicios. La empresa ha destacado que, al no reconocer ni abonar la deuda, el Ayuntamiento incurre en un enriquecimiento injusto, vulnerando los principios de buena fe y seguridad jurídica.
Además, la falta de actualización de precios impuesta por el Ayuntamiento coloca a Global Servicios en una situación económica insostenible. Según la empresa, la negativa del consistorio atenta contra el equilibrio económico del contrato y podría derivar en pérdidas que comprometan puestos de empleo y la calidad del servicio.
La respuesta del Ayuntamiento de Cádiz
A pesar de las reiteradas comunicaciones por parte de Global Servicios informando sobre la actualización de precios, debido al encarecimiento de los costes laborales, el ayuntamiento ha hecho oídos sordos, y en la actualidad, después de las distintas reclamaciones, no admite dicha actualización de precios, y tampoco el abono de la deuda.
Mientras tanto, el consistorio se está beneficiando de la prestación del servicio y de todos los extras a los que la empresa concesionaria está haciendo frente.
La Teniente de Alcalde de Hacienda, Personal, Contratación y Cultura, Maite González García-Negrotto intentar defender la actuación municipal alegando que no se admite la actualización de precios, todo ello, a pesar de que, desde el consistorio nunca se han pronunciado ante las diferentes comunicaciones de revisión de precios enviadas desde diciembre de 2023.
Hasta el momento, el Ayuntamiento de Cádiz no ha ofrecido una solución definitiva. Aunque, en una reunión celebrada el 9 de octubre de 2024, responsables municipales se comprometieron a resolver la situación, no se han tomado medidas concretas hasta la fecha, lo que hace peligrar la estabilidad económica de la empresa afectada, así como los puestos de trabajo de 15 personas con discapacidad y sus familias.
Urge una solución responsable
La incertidumbre generada por esta situación afecta directamente a 15 trabajadores con discapacidad, cuyo futuro laboral depende de una resolución urgente del conflicto.
Global Servicios insta al Ayuntamiento de Cádiz a cumplir con sus obligaciones de pago y a regularizar la contratación para evitar un impacto social y económico de gran envergadura.
En palabras de la representante de la empresa: “La estrategia del Ayuntamiento de no admitir la deuda ni pagar por los servicios prestados pone en riesgo no solo la estabilidad de nuestra empresa, sino también el sustento de 15 familias que dependen de este trabajo. Es urgente que se adopten medidas responsables y justas”.
Mientras tanto, la situación sigue sin resolverse, con el reloj avanzando hacia un desenlace que podría tener graves consecuencias sociales y laborales para la ciudad de Cádiz.
