La asociación contra la mina de Touro manifiesta su más firme y absoluta oposición ante la decisión de la Comisión Europea de incluir el proyecto de reapertura y expansión de la mina de cobre de Touro-O Pino en su segunda lista de “proyectos estratégicos” bajo el Reglamento de Materias Primas Fundamentales.
El colectivo considera intolerable que las instituciones europeas amparen un plan promovido por Cobre San Rafael —filial de la multinacional Atalaya Mining— que amenaza de manera directa la integridad ecológica del territorio limítrofe con Santiago de Compostela y a lo que la población y numerosos colectivos se vienen oponiendo y presentando informes técnicos en contra en los últimos nueve años.
Desde la asociación lamentan profundamente la deriva de la Comisión Europea, criticando que de los 46 proyectos aprobados a nivel comunitario en 16 Estados miembros, de ellos 8 se centran en la extracción, 11 en la transformación y 19 en el reciclado, 3 que combinan extracción y transformación, y 5 combinan transformación y reciclado.
Para Toro se opta por darle la categoría de PIE a un proyecto exclusivamente extractivo.
El colectivo que se niega a tener a una mina de vecina, señala como un hecho grave que el proyecto de Touro-O Pino sea seleccionado precisamente en esta categoría extractivista, convirtiendo esta zona en una tierra de sacrificio para beneficio de multinacionales extranjeras.
La asociación ambiental denuncia que “la prioridad de Europa debería ser radicalmente contraria. Las directrices comunitarias tendrían que centrarse en la recuperación de minerales procedentes de canteras abandonadas para asegurar su restauración, así como en impulsar decididamente el reciclaje de minerales ya introducidos en la economía” manifiesta Jesús Castro, portavoz de la plataforma.
El colectivo califica de «incomprensible e indignante» que la Comisión Europea señale a Galicia para abrir una macroexplotación a cielo abierto, mientras no existe en el territorio gallego ni un solo centro de estas características destinado al reciclaje y a la economía circular de materias primas, que sí sería sostenible a largo plazo, en el lugar de aceptar propuestas como el proyecto Cobre San Rafael, que acaparan terrenos agrarios y forestales acudiendo a procesos de expropiación forzosa, generan ingentes cantidades de residuos tóxicos que quedarán la perpetuidad en estas tierras, y eliminan ingentes cantidades de agua que abastecen a la población actualmente.
«Esta decisión demuestra que se prefiere la destrucción del medio y las actividades contaminantes antes que invertir en alternativas sostenibles y de futuro como la recuperación y el reciclaje», afirma Jesús Castro. «En lugar de ayudarnos a restaurar nuestro pasado minero y a reciclar, se le brinda una alfombra roja la Atalaya Mining para acelerar permisos que ya fueron rechazados social y ambientalmente». Por todo esto, el colectivo avisa de que utilizará todas las vías legales y sociales para frenar esta expansión y exige un giro total hacia un modelo que proteja la biodiversidad y el bienestar de la población local.
