Rodrigo Duterte y Roa, presidente de Filipinas desde el año 2016, se ha caracterizado siempre por sus declaraciones polémicas y por asumir una actitud radical frente a hechos a los que él llama injustos.
Recientemente expresó que el proceso de vacunación en contra de la Covid-19 tendría que ser de carácter obligatorio y que todos aquellos filipinos que no colaboren con el estado para detener el brote del virus, deberán ser severamente sancionados.
Todo lo que hay que saber sobre la nueva imposición del presidente filipino
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Nueva polémica
La vacunación en todos los países del mundo es de carácter voluntario, según lo estipulado por la ONU, nadie puede ser sometido a estudios médicos, pruebas o aplicación de fármacos, sin su consentimiento.
Pero esto parece importar poco al primer mandatario filipino, que en una alocución en cadena nacional de radio y televisión, expresó que aquellas personas que rechacen aplicarse la vacuna contra el Covid-19 deberán ser arrestadas y vacunadas aun en contra de su voluntad.
Duterte manifestó que en la actualidad su gobierno se encuentra buscando los mecanismos legales necesarios para obligar a los ciudadanos a que se pongan la vacuna contra el virus.
Según manifestó, es inconcebible que en un país donde se han producido desde la llegada de la pandemia más de 26.000 muertes y más de 1.400.000 casos confirmados, todavía la población sea contraria a inocularse.
El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, siempre ha expresado que sus acciones se encuentran dentro del marco de la legalidad, por lo que dará un corto tiempo a las personas para que comiencen a inyectarla, pero en caso de no hacerlo, lo tendrá que hacer por la fuerza.
¿Por qué la población no quiere vacunarse?
Filipinas cuenta con aproximadamente 110 millones de habitantes y, hasta la fecha, tan solo se han aplicado 12 millones de dosis de la vacuna. Esto echa por tierra el objetivo inicial del gobierno de lograr la inmunización de 70 millones de ciudadanos para finales de este año 2021.
La reticencia a vacunarse por parte de los filipinos se debe a que en el año 2016 el gobierno realizó una vacunación masiva a la población infantil para protegerlos en contra del dengue.
Pero, al parecer, dicha vacuna no cumplió con los requisitos establecidos por la OMS y terminó aumentando los síntomas en todos aquellos infantes a quienes se les aplicaba. Incluso algunos culpan a dicha vacuna contra el dengue del incremento de la mortalidad infantil durante ese año 2016.
En tanto, Rodrigo Duterte, ha dicho que su gobierno está comprometido con el bienestar y la protección del pueblo y que, así como inició un programa para regalar la píldora anticonceptiva,a las mujeres que económicamente se encontraban desfavorecidas, luchará por evitar que la Covid siga llevándose a ciudadanos filipinos.
El que no quiera vacunarse que se vaya del país
Esta fue la clara advertencia por parte del mandatario filipino a sus ciudadanos, y expresó que todo aquel que no estuviera de acuerdo con su política de vacunación, que se fuera a la India o a América, pero que no podrían permanecer en el país, poniendo en riesgo la seguridad sanitaria de los demás ciudadanos.
Dijo que no quiere que se le considere un presidente totalitario, pero en el país hay una crisis de emergencia nacional, y es por ello que se deben poner en práctica todos los mecanismos establecidos por la ley para hacer frente a dicha emergencia.
Asimismo, expresó que había dado la orden a todos los líderes de las aldeas para que buscasen e identificasen a los residentes que se nieguen a colocarse la vacuna, para obligarlos a hacerlo.
Al parecer, según manifestó el presidente, la variante Delta se encuentra avanzando rápidamente en la nación, por lo que es necesario potencializar el esquema de vacunación para lograr la llamada inmunidad colectiva.
También dijo que su gobierno había realizado un extraordinario esfuerzo para encontrar los recursos económicos para comprar las vacunas, y ahora los ciudadanos echaban por tierra este esfuerzo y decidían que no querían vacunarse.
Toda esta situación ha llevado al presidente Rodrigo Duterte, a hacer aflorar su peculiar autoritarismo y que se dirija a los ciudadanos para decirles “El que se quiera enfermar que lo haga en otro país pero no en Filipinas”
Pronunciamiento de la Organización de los Derechos Humanos
Organismos de los Derechos Humanos en Filipinas han manifestado su enorme preocupación por la actitud asumida por el primer mandatario. Dijeron que constitucionalmente el presidente no puede ordenar la detención de ningún ciudadano, ya que estos no han cometido ningún delito.
Asimismo expresaron que no existe ninguna base legal que obligue a una persona a vacunarse, por lo que la medida del presidente es violatoria de los derechos humanos.
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud no se ha expresado ante las polémicas declaraciones de Rodrigo Duterte, pero se estima que lo haga, ya que como organismo rector de los sistemas de salud en el mundo, deben manifestarse en contra de la acción que pretende llevar a cabo el mandatario.
Al parecer, este polémico presidente ha dicho que se encuentra desesperado por el aumento en los contagios, razón por la cual los ciudadanos tienen que entender que no se trata solo del distanciamiento y el uso de las mascarillas, sino que también es necesaria la vacunación.
Ante esto las instituciones de defensa de los derechos humanos en Filipinas han expresado que entienden la preocupación de Duterte, pero que bajo ningún concepto pueden permitir que se viole el derecho fundamental de decidir que tienen los ciudadanos, sobre si se vacunan o no.
El presidente ha demostrado ser un hombre de acciones, por lo que estas amenazas seguramente se cumplirán, y es probable que incluso inicie una búsqueda masiva de ciudadanos para que sean apresados y obligados a vacunarse.
En tanto, la oposición no se ha manifestado al respecto y analistas políticos consideran que es un grave error, ya que ese silencio pudiese ser tomado como un apoyo a las arbitrarias medidas adoptadas por el primer mandatario de Filipinas.
