Las tensiones políticas en Bolivia se reavivaron debido a lo que se calificó como un excesivo operativo para arrestar a la expresidenta interina, Jeanine Áñez. Se le acusa de conspiración, terrorismo y sedición.
De igual manera, fueron arrestados Álvaro Coimbra que fue ministro de justicia durante el gobierno de Áñez, y Álvaro Rodrigo Guzmán, ministro de energía.
Todo lo que hay que saber sobre el arresto de Jeanine Ánez
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El arresto
Una juez decretó el pasado 14 de marzo, que tanto la expresidenta de Bolivia como sus colaboradores presentaban peligro de fuga y que, por esa razón, deberían ser detenidos mientras duraba su proceso jurídico.
Es por ello que el tribunal decretó 4 meses de prisión preventiva, ordenando que la expresidenta fuese trasladada hasta un centro de orientación femenino ubicado al Sur de La Paz.
Así mismo, ya se informó que Áñez será tratada como una reclusa más y que no tendrá ningún tipo de privilegios, por lo que compartirá prisión junto a 200 detenidas más.
Durante los primeros 15 días permaneció aislada, a fin de cumplir con los protocolos sanitarios de prevención del coronavirus, siendo posteriormente mezclada con la población general de reclusas.
En la audiencia para establecer los cargos con los que se iba a acusar a la exmandataria, se le consideró responsable del golpe de estado que sacó del poder al entonces presidente Evo Morales.
Según la fiscalía y el tribunal, las investigaciones han demostrado que Áñez llevó a cabo una serie de acciones para generar violentas revueltas en el país entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, que ocasionaron las masacres de Sacaba y Senkata, donde murieron muchas personas.
Para la justicia boliviana, se está investigando a Áñez como exsenadora y no como expresidenta, ya que su ascenso al poder desde el primer momento fue ilegítimo, por lo que no se le puede reconocer como tal.
Sucesión constitucional
Para Jeanine Áñez, en Bolivia no se generó ningún golpe de estado sino que, por el contrario, fue una sucesión de carácter constitucional. Ella lo que hizo fue cumplir con lo establecido en la carta magna del país ya que, como se sabe, Evo Morales fue acusado por la oposición de haber cometido fraude, y los militares obligaron al líder cocalero a renunciar a la presidencia y exiliarse en México.
Como se recordará, Evo contaba con 14 años en el poder y en 2019 se postuló para un cuarto mandato. Incluso, según los observadores internacionales, dichas elecciones mostraron serias irregularidades que hicieron creer que se cometió fraude, lo que provocó que la población se lanzara a las calles de Bolivia a solicitar la renuncia de Morales.
Momentos antes de su detención, la exmandataria expresó en las redes sociales que se le pensaba apresar por orden del Partido Movimiento al Socialismo y que su caso era una clara retaliación política, ya que quedó evidenciado el abuso y persecución por parte de los organismos de seguridad del estado.
La constitución política del Estado Plenipotenciario de Bolivia establece que el segundo vicepresidente del senado, en una causa sobrevenida, puede ser nombrado como presidente interino, por lo que la ascensión de Áñez a la presidencia fue legalmente aceptada. Tanto es así, que el tribunal constitucional decretó la legalidad de su interinato.
A la sombra de Evo Morales
La privación de libertad de la expresidenta y sus ministros transitorios han sacado a relucir la idea de que, detrás de todo esto, se encuentra el expresidente cocalero, Evo Morales.
Muchos miembros de la oposición temían que con la llegada de Luis Arce al poder, quien en realidad iba a tomar las decisiones trascendentales e importantes del país, sería el mismísimo exmandatario.
Al parecer este temor no era infundado ya que, con la llegada de Morales a Bolivia, comenzaron una serie de investigaciones por parte de la fiscalía que terminaron emitiendo órdenes de captura en contra de militares que jugaron un papel importante en el supuesto golpe de estado.
Al igual que Áñez, fueron acusados por terrorismo, sedición y conspiración, el ex comandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman y el ex jefe de la Policía Nacional, Yuri Calderón.
Aunque el gobierno de Luis Arce no ha emitido ningún tipo de pronunciamiento, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia, solicitó un justo, independiente e imparcial juicio. Pero sobre todo exigió una separación de poderes, en donde no se vea inmiscuido el poder ejecutivo, en las decisiones del poder judicial.
Aunque Evo Morales no tiene cargo específico dentro de la estructura del gobierno actual, al parecer, el presidente Luis Arce está tomando decisiones de carácter político y económicas similares a las implementadas por el expresidente durante sus 14 años de mandato.
Acusaciones en contra de Evo Morales
Lo que la fiscalía boliviana no ha podido explicar es el motivo por el que el expresidente Evo Morales no se encuentra detenido, pese a pesar acusaciones sobre él.
Indudablemente, esto demuestra claramente, que el exmandatario se encuentra protegido por el poder político de Bolivia y lo que sucede con la expresidenta es una sistemática persecución y violación de los derechos humanos.
Hasta ahora, nadie, ni siquiera los medios de comunicación más recalcitrantes del país, han llevado a la palestra pública las acusaciones en contra de Morales y, como se recordará, fueron precisamente las investigaciones llevadas a cabo por la fiscalía de aquel entonces las que evitaron que el exmandatario regresara por temor a ser encarcelado.
Ante la comunidad internacional, el gobierno de Luis Arce queda muy mal parado, demostrando que no existe una independencia de poderes en Bolivia y, que a fin de cuentas, seguirá siendo Evo Morales el hombre fuerte del país.
Lo que es más contradictorio, es que Jeanine Áñez inicialmente se postuló como candidata de las elecciones a la presidencia pero, posteriormente, declinó, señalando que lo hacía por el bien de la nación y, al transferir el mando a Luis Arce, expresó su deseo por la paz y la justicia de Bolivia, pero, al parecer, no existe tal justicia para ella.
